PONTEVEDRA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal antidroga de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Marcelo Azcárraga, defendió hasta el final la legalidad de las escuchas telefónicas que sustentan su acusación contra los cinco procesados por la 'Operación Trailer'.
Los hechos ocurrieron en abril de 2002 cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera concluyó una investigación mediante escuchas telefónicas tras interceptar un camión que circulaba por la autovía A-52 con 500 kilos de cocaína.
El fiscal reiteró la "legalidad de todas las pruebas", frente a la petición de los abogados defensores de que se declaren nulas las escuchas telefónicas, al argumentar que se produjeron en el contexto de otra investigación relacionada con la aprehensión de más de 2.000 kilos de cocaína, a bordo del pesquero 'Rapanuí'.
El presidente del tribunal, Antonio Berengua, admitió que los tres magistrados que habrán de sentenciar este caso tienen ante sí una "difícil papeleta" porque todo el juicio discurrió "muy ligado a las escuchas", y aventuró que "a veces asuntos muy importantes pueden no terminar como se esperaba".
Berengua concluyó que la responsabilidad de tribunal es "aplicar el Derecho, aunque a veces el público no lo entiende", en referencia a que la legalidad de las escuchas no quedó muy clara.
Esto llevó al fiscal a reiterar que cuando se juzgó el caso del 'Rapanuí' y ante la insistencia de los abogados que también en aquella ocasión pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas, primero la Audiencia Nacional y posteriormente el Tribunal Supremo sentenciaron tanto la legalidad de las escuchas como de las sucesivas prórrogas.
