El portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, promotor de la enmienda - Gabriel Luengas - Europa Press
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos del Congreso han cuestionado la pretensión de Sumar de reformar la conocida como 'ley de nietos' a través de una enmienda en la Ley de Educación, pues consideran que blindar el derecho a voto de las personas que han sido nacionalizadas no guarda "congruencia" con el tema de la ley a la que se presenta, pero, en todo caso, reconocen que la decisión sobre si se admite o no a trámite esta 'enmienda intrusa' corresponde a la Mesa de la Comisión de Educación, donde PSOE y Sumar tienen mayoría.
Así se desprende del informe realizado por los letrados tras analizar todas las enmiendas presentadas al proyecto de ley por el que se modifican la Ley de Educación de 2006 y la Ley de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación universitaria.
Hace dos semanas Sumar presentó una enmienda a esta ley para reformar la Ley de Memoria Democrática con el objetivo de asegurar el derecho a voto de los nacionalizados por la disposición adicional de esta norma conocida como 'ley de nietos'. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente el derecho de sufragio a los beneficiarios de la ley, salvo para los que acrediten que efectivamente son descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura.
El pasado 21 de septiembre Vox presentó un escrito a la Mesa de la Comisión de Educación pidiendo la inadmisión de la enmienda de Sumar "por exceder de modo manifiesto el objeto de la iniciativa original, hasta el punto de constituir una iniciativa legislativa distinta". El PP también es partidario de frenar la tramitación de la enmienda.
REGISTRADA SIN JUSTIFICACIÓN
En su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los letrados constatan que el tenor literal de la enmienda --que se presentó sin adjuntar justificación alguna-- "resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar". "No existe en este sentido el mínimo punto de conexión material que permita plantear alguna duda sobre la falta de homogeneidad entre el objeto del proyecto de ley y la literalidad y finalidad de la enmienda", recalcan.
Si bien reseñan que el Reglamento del Congreso "no contiene reglas que limiten el contenido de las enmiendas", recuerdan que sí lo hace la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que "las enmiendas al articulado deben ser congruentes con el mismo y por tanto con el objeto y finalidad de la iniciativa legislativa correspondiente".
VULNERACIÓN DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL
"En el caso de no respetar esta necesidad de congruencia podríamos estar ante una situación de vulneración del derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución, el relativo a la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo", reza el informe.
Según exponen los letrados, esta es la circunstancia que debe ser "ponderada y valorada" por la Mesa de la Comisión de Educación a la hora de decidir si admite o no a trámite la enmienda de Sumar. Los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar) tiene mayoría en la Mesa de la comisión que se reúne este miércoles para tomar una decisión.
Los letrados, cuyo informe no es vinculante, señalan otras 13 enmiendas "cuyo contenido podría exceder la regulación contemplada en el proyecto de ley" si bien en este caso sí tienen "al menos un punto de conexión con el objeto y finalidad" de la ley a la que se presentas, pues todas tienen que ver con la educación. Se trata de otras seis enmiendas de Sumar, tres de Podemos, una del PSOE, otra del PP, otra de Junts y otra de Unión del Pueblo Navarro (UPN).