López Aguilar preside la entrega de las primeras 97 becas y préstamos para el acceso a las carreras de juez y fiscal

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, presidió hoy la entrega a los 97 primeros beneficiarios de las becas de 3.000 euros anuales y préstamos cofinanciados de hasta 10.000 euros concedidas por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia, para el acceso a las carreras de juez y fiscal. Con ellas se pretende ayudar a las personas que opositan a estos Cuerpos.

En el acto de entrega, también estuvieron presentes el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando Salinas, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, así como el director general del CEJ, Artemi Rallo.

De la partida de 270.000 euros prevista este año para sufragar estas ayudas, 225.000 euros irán destinados a cubrir 75 becas, de las que cuatro están reservadas a discapacitados, y los otros 45.000 euros, para los 22 beneficiarios de las ayudas que les permitirán solicitar un préstamo bancario, cuyos intereses pagará el CEJ.

Justicia señala en un comunicado que la entrega de estas becas cumple un compromiso electoral del PSOE de contribuir a una Justicia de calidad, con "la creación de un sistema de ayudas para los candidatos a jueces y fiscales que tengan un buen expediente universitario y carezcan de recursos para preparar el acceso, con el fin de atraer a los mejores estudiantes y profesionales del Derecho".

El Centro de Estudios Jurídicos ha recibido este año un total de 454 solicitudes. De ellas, ha concedido 97, de las que 75 pertenecen a becas de 3.000 euros anuales y 22 a créditos cofinanciados de hasta 10.000 euros anuales por persona.

Las becas son ayudas económicas directas al opositor, con un pago anual por adelantado. El Ministerio destinará 225.000 euros para sufragar estas 75 becas. En cuanto a los créditos, su duración dependerá del crédito que suscriban el opositor y la correspondiente entidad bancaria, con un período máximo de cuatro años de carencia y otros cuatro de amortización, lo que supone una duración máxima de ocho años en total.