Luesma condena los actos "fascistas" de Ondarroa y dice que el Estado de Derecho será "implacable con ETA y su entorno"

VITORIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, condenó de forma "rotunda" los actos "fascistas" protagonizados hoy en Ondarroa (Bizkaia) por simpatizantes de ANV durante el primer pleno de la gestora municipal de esta localidad, y advirtió de que el Estado de Derecho "va a ser absolutamente implacable con la banda terrorista y con su entorno".

En declaraciones a los periodistas tras la toma de posesión del equipo de Gobierno de la Diputación de Alava, Luesma mostró su solidaridad con los integrantes de la gestora, presidida por el militante jeltzale Félix Arambarri y en la que también participa la secretaria del EBB, Josune Ariztondo.

"He condenado hasta la saciedad este tipo de expresiones fascistas por parte del mundo radical", señaló Luesma, para, a continuación, expresar una vez más su denuncia "rotunda" de los sucesos ocurridos en Ondarroa, donde simpatizantes de la izquierda abertzale increparon a los integrantes de la gestora.

Luesma advirtió a los protagonistas de los incidentes de que el Estado de Derecho "va a ser absolutamente implacable con la banda terrorista y con su entorno y sus apoyos". "El Estado de Derecho va a utilizar la firmeza democrática en todo momento con estos actos fascistas", insistió.

Respecto al homenaje al antiguo dirigente de ETA Sabino Euba, alias 'Pelopintxo", previsto para mañana en Amorebieta (Bizkaia), afirmó, de manera previa a que el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo se pronunciara sobre el acto, que "España es un Estado de Derecho, y los jueces, con total libertad, resolverán lo que tengan que resolver".

De todas formas, recordó que en Euskadi "la competencia para determinar la legalidad o no administrativa de una convocatoria de una manifestación o del derecho de reunión corresponde al Departamento de Interior del Gobierno vasco", no a la Delegación del Gobierno, por lo que ésta no recibe comunicación de las convocatorias por parte de los organizadores de las mismas.

A pesar de todo, el delegado encargó sendos informes sobre el acto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que fueron remitidos por vía de urgencia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que posteriormente solicitó la prohibición del acto, finalmente decretada por el juez Juan del Olmo.