Un magistrado del TS pide "un elenco más variado de instrumentos jurídicos" para 3,5 millones de discapacitados

Actualizado 01/08/2007 19:56:28 CET

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Benigno Varela reclamó hoy al legislador "un elenco más variado de instrumentos jurídicos" para atender a los 3,5 millones de discapacitados que viven en España, al considerar que "no se puede reducir a un único esquema jurídico la protección de todas estas personas".

Varela realizó estas manifestaciones durante la jornada 'La defensa jurídica de las personas vulnerables', que se desarrollará en la Universidad Menéndez Pelayo hasta el próximo día 3 en el marco de un curso organizado por el Consejo General del Notariado, informó hoy esta institución.

El magistrado destacó la necesidad de "adecuar correctamente el Derecho a la compleja realidad de la discapacidad" y apuntó que los países más importantes del entorno de España "han dado ya pasos importantes en la tarea de la integración jurídica de las personas discapacitadas".

Durante su intervención, Varela hizo hincapié en la falta de protección de las personas con capacidad intelectual límite, aquéllas que tienen un cociente intelectual que oscila entre el 70 y el 84% de los parámetros considerados normales pero que no reúnen el suficiente coeficiente de minusvalía psíquica (33%) que les permite beneficiarse de las ayudas que reciben otros afectados. Según sus datos, aproximadamente un 17% de la población se halla en los parámetros de esta capacidad límite.

Tras apuntar que el gran problema al que se enfrentan los padres de estas personas es asegurar su futuro, el magistrado apostó por "estimular la voluntad legislativa para extender a las personas con inteligencia límite mecanismos de asistencia y ayuda jurídica", de forma que cuenten con "instrumentos jurídicos 'ad hoc' que no existen". Como ejemplo, destacó la necesidad de ampliar a este colectivo la cesión de patrimonio especialmente protegido.

PROTECCIÓN DE MENORES

Por su parte, el fiscal y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Félix Pantoja defendió que la Administración debería atender de forma efectiva la protección de algunos casos especiales de menores, entre los que citó "los adolescentes y preadolescentes que han desbordado el marco familiar, los menores inmigrantes a los que se debería plantear una mayor integración o los menores con trastornos a los que la educación pública no puede dar la debida respuesta".

Con respecto a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, Pantoja opinó que la norma da "una respuesta adecuada a la situación de niños y jóvenes", aunque añadió que "se ha desnaturalizado en parte porque la sociedad exige muchas veces que se aplique el Código Penal a los menores con excesiva frecuencia".

En relación con el derecho a la intimidad, indicó que "existe cada vez una mayor cultura de protección de la imagen, aunque algunos padres transigen indebidamente con la imagen de los menores en los medios de comunicación".