BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
Manos Limpias ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el delegado de Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, contra las subvenciones otorgadas por el Departamento vasco de Justicia a Etxerat por entender que se han podido producir dos ilicitos penales de malversación de caudales públicos y de colaboración con banda armada. Además, considera que se han otorgado por "consideraciones políticas".
Las denuncias presentadas ante el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el delegado de Gobierno en el País Vasco se producen después de que ayer se publicara en el Boletín Oficial del País Vasco la resolución del director de Derechos Humanos, Jon Landa, que recoge las subvenciones otorgadas por la Consejería de Justicia, Empleo y Seguridad Social a organizaciones y movimientos sociales que desarrollan actividades a favor de la paz y los derechos humanos en Euskadi.
Dentro de esta convocatoria, según recuerda Manos Limpias en ambos escritos, se incluyen dos partidas por un importe total de 16.000 eiros a la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, mientras que Torturaren Aurkako Taldea (TAT) recibirá ayudas por valor de 12.000 y Gebehatokia Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia, otros 7.000 euros.
En sus denuncias, a las que tuvo acceso Europa Press, el colectivo plantea que "los familiares de presos etarras forman un denominador común (en pensamiento, objetivos, finalidades, complicidades y encubrimientos) con los mismos". "Es por ello que los familiares de presos etarras forman parte de la banda terrorista ETA y, por consiguiente, son responsables criminalmente en su condición de cómplices y encubridores", añade.
CONSIDERACIONES POLÍTICAS
Asimismo, cree "evidente" que, en el reparto de estas subvenciones, "se ha superpuesto consideraciones políticas por encima de las estrictamente legales" y que los responsables del Gobierno vasco "han utilizado sus potestades administrativas y legislativas convirtiéndolas en arbitrarias, ilegales e ilícitas, y vulnerando en consecuencia los cimientos del Estado de derecho".
En este sentido, señala, en la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que, con el acuerdo que recoge las subvenciones, se puede incurrir en dos ilícitos penales de malversación de caudales públicos, según el artículo 433 del Código Penal, y de "colaboración con terrorismo", en función del artículo 575 del mismo texto. Por ello, pide a la Fiscalía que admita la denuncia y "actué conforme a Derecho corresponda".
Asimismo, en el escrito de denuncia remitido al delegado de Gobierno en el País Vasco, solicita a Paulino Luesma que impugne el acuerdo de la Consejería por el que se conceden las ayudas.