MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado pondrá a disposición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si así se le requiere, el resultado de la investigación interna que ha realizado sobre el periplo judicial y la actuación de los fiscales en el caso seguido contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, por abusos a su hija. Los datos podrían ser utilizados si el CGPJ abre expediente a alguno de los jueces que llevaron el caso, ya que en ese punto se requerirá la opinión del Ministerio Público.
La Fiscalía General recibió a finales de la semana pasada un informe realizado por su departamento sevillano que analiza la actuación de los representantes del Ministerio Público durante toda la tramitación de las causas contra Del Valle. Tras revisar este documento, la Fiscalía General concluyó que dichos funcionarios habían actuado correctamente.
Fuentes fiscales señalaron a Europa Press que, aunque la investigación interna en la Fiscalía ya se da por concluida, el resultado de la misma ya ha sido puesto a disposición del teniente fiscal ante el Tribunal Supremo, José María Luzón, que es a quien corresponden los informes para expedientes disciplinarios que se requieren al Ministerio Público desde el CGPJ.
En el caso de que el Consejo decida la próxima semana abrir expediente disciplinario a alguno de los jueces a los que se investiga de forma indiciaria -el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado; y el magistrado de la Audiencia en este territorio Javier González-, se pedirá informe a la Fiscalía, que utilizará el documento para posicionarse sobre este caso.
La presidenta de la Comisión Disciplinaria del Consejo, Montserrat Comas, ha convocado para el próximo lunes una sesión extraordinaria de este órgano para estudiar la posible incoación de expedientes disciplinarios. La convocatoria se produce en previsión de que el próximo viernes exista ya una propuesta al respecto por parte de los Servicios de Inspección de este órgano.
Si se decide la apertura de expedientes el Consejo podría plantearse la suspensión temporal del magistrado en función de lo que establece el artículo 424 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a escuchar al propio investigado y también al fiscal antes de adoptar una decisión al respecto.
