MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los principales sindicatos policiales denunciaron hoy la "aberración" que ha provocado el "mal funcionamiento de la Justicia" en el caso de la niña onubense Mari Luz Cortés, cuya reforma es "la asignatura pendiente" del Estado, y abogaron por la creación de bases de datos conjuntas nacionales y unidades policiales y judiciales de seguimiento para este tipo de delincuentes.
Para el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José Manuel Fornet, en este caso lo que se ha puesto de manifiesto, por encima de una "descoordinación", es que la Justicia "lleva muchos años de retraso" en España y que necesita "una reforma" que haga que sea "ágil y eficaz".
A su juicio, es una "aberración" que una persona con condenas firmes por abusos sexuales y nuevas denuncias "siga en la calle" o que el autor de delitos graves quede en libertad tras cumplir prisión provisional porque no se ha celebrado el juicio. "La Justicia no funciona", sentenció Fornet en declaraciones a Europa Press.
De hecho, el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, explicó, también en declaraciones a Europa Press, que la detención del presunto asesino de Mari Luz, Santiago Villa, no se produjo sencillamente porque no se emitió ninguna orden de búsqueda y aseguró que la orden de averiguación de domicilio que la Administración de Justicia sostiene que envió no hubiera tenido "ninguna repercusión", porque "en ningún caso lleva consigo una detención ni especial cautela" por parte de la Policía.
Para el secretario general de la CEP, lo que hay que estudiar ahora es "ver qué se puede hacer" para evitar que se repitan situaciones como ésta, teniendo en cuenta también que la "posibilidad de reincidencia en los delincuentes sexuales está generalizada".
SEGUIMIENTO POLICIAL.
En este sentido, abogó por "modificar las penas de delitos con esta gravedad" y tomar medidas "para que este tipo de de personajes y otros como terroristas y narcotraficantes tengan un seguimiento policial para neutralizar el riesgo evidente de los ciudadanos".
Así, defendió el establecimiento de "unidades policiales y judiciales conjuntas para este tipo de criminales con riesgo de reincidencia", de manera que "juzgados y policías estén continuamente vinculados".
De la misma manera, el secretario general del SUP apostó por la creación de "bases de datos" de carácter nacional por parte de las diferentes Administraciones de Justicia, porque "el Estado de las Autonomías hay que ponerlo al servicio de los ciudadanos y no de los políticos", que lo ponen a "su servicio".
CASTRACIÓN QUÍMICA.
Del mismo modo se manifestó el secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, quien, además de pedir una unificación de las bases de datos de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apostó, en declaraciones a Europa Press, por la castración química como principal medida para evitar la reincidencia de los delincuentes sexuales.
A juicio de Perdiguero, dada la "alarma social" que se ha creado con el caso de Mari Luz, éste es un buen momento para plantear la modificación del Código Penal e incluir la castración química, con la que, en su opinión, "todo el mundo" estaría de acuerdo.
Finalmente, Fornet también se refirió al "complejo dictatorial" del que adolece España y que lleva a que las leyes "estén hechas pensando en los delincuentes" y no en las víctimas. "A un violador que está en la cárcel se le asegura el paro cuando salga, estudia una carrera, mientras la víctima se muere de pena en un rincón y nadie se acuerda de ella", afirmó.