Los sindicatos cifran el seguimiento en un 75% de la plantilla, mientras que la Comunidad lo sitúa en un 47,89%
MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 2.500 funcionarios de la Justicia madrileña se manifestaron hoy en el centro de Madrid para exigir a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, el cumplimiento del acuerdo sectorial que se fraguó hace un año entre el ex consejero y actual director del departamento del PP en el Exterior, Alfredo Prada, y la plataforma sindical, CCOO, STAJ y UGT, para poner fin al parón del sector que mantuvo durante once días en jaque a los tribunales de la región, con la suspensión de una media de 800 juicios diarios.
Convocados por los sindicatos, los trabajadores judiciales secundaron una huelga durante más de cinco horas como protesta, a lo que se sumó una marcha que discurrió desde Cibeles hasta el número 18 de Gran Vía. Los sindicatos cifraron el seguimiento en un 75 por ciento de la plantilla, mientras que la Comunidad lo situó en un 47,89 por ciento, siendo de un 53 por ciento en el partido judicial de Madrid y de un 37,48 por ciento en la periferia.
La gran afluencia de empleados públicos obligó a cortar la Gran Vía, que quedó restablecida pasadas las 14.30 horas. Encabezados por una pancarta que contenía la leyenda 'Por el cumplimiento de los acuerdos pactados. Aguirre cumple con lo pactado', los empleados públicos lanzaron consignas en contra del consejero Francisco Granados y a favor de la mejora de la Administración de Justicia madrileña, la que mayor asuntos asume de toda España. Los asistentes denunciaron la falta de "voluntad política" del Gobierno de Aguirre en solucionar la "grave situación" de los tribunales de la Comunidad.
El 11 de diciembre de 2007 se firmó un convenio que contemplaba una subida salarial de 450 euros de manera paulatina, es decir, 130 euros en 2008, otros 155 en 2009, 75 más en 2010 y 90 más en 2011. También se incluía un plan de choque para incrementar las plantillas de los Registros Civiles y los Juzgados de lo Penal, los más desbordados de Madrid. Prada se comprometió a que el acuerdo entraría en vigor el 1 de enero de 2008 y que el aumento retributivo se incluiría en la Ley de Presupuestos de 2009.
Según los sindicatos, la huelga provocó la suspensión de entre 800 y 900 actuaciones judiciales en la región, teniendo en cuenta que la media de un día laborable es de 1.100 juicios. Los Juzgados de lo Civil, de lo Social y de Instrucción no celebraron juicios. En Plaza de Castilla, funcionaron los Juzgados de Violencia de Género y los de Guardia, mientras que en la Audiencia Provincial de Madrid se celebraron los juicios relacionados con violencia machista.
"GRANADOS NO HA CUMPLIDO NADA"
La coordinadora de CC.OO. del sector de Justicia, Felicidad López, recordó que Aguirre se comprometió a resolver de "manera inmediata" las deficiencias del servicio, "adoptando planes urgentes dedicados a los registros civiles y juzgados de lo penal, incrementando la plantilla en esos órganos, convirtiendo todos los empleos temporales en plazas de plantilla, incrementando esas plantillas en los servicios comunes y mejorando las retribuciones y las condiciones laborales de los trabajadores".
"Hace un año de eso y el señor Granados no ha cumplido nada", denunció López. Recalcó que el consejero "tiene poca credibilidad", puesto que el colectivo lleva diez meses intentado reunirse sin éxito con él. "Sólo ha confesado en la Asamblea de Madrid que no tiene intención de cumplir el compromiso. Y eso se llama falta de lealtad, falta de valentía para estar al frente de un Gobierno", apostilló.
Hace unas semanas, el consejero anunció que el Gobierno regional no aplicará en 2009 y 2010 la subida salarial prometida debido a la crisis económica. No obstante, adelantó que la recibirán toda junta en 2011. Los funcionarios recibieron esta noticia como "un jarro de agua fría" y decidieron emprender una serie de movilizaciones para forzarle a cumplir lo prometido, denunciando que se escuden en "las limitaciones presupuestarias" para evitar el acuerdo.
Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior se insiste en que desde 2003, cuando se transfirieron las competencias judiciales, la Comunidad ha subido el sueldo a los funcionarios entre un 29,5 por ciento y un 54,5 por ciento. Además, subrayan que los trabajadores cobran entre un 11,5 por ciento y un 29 por ciento más que los que dependen directamente del Estado en otras comunidades
"No admitimos que se escude en la crisis porque el acuerdo se firmó hace un año y debía de haber habido una previsión presupuestaria para hacerlo efectivo", recalcó José María Rozas, de UGT. "El Gobierno de Aguirre no se gasta un duro en la Administración de Justicia de Madrid por muchas palabras grandilocuentes que diga", añadió.
LOS REGISTROS CIVILES, COLAPSADOS
El colapso de los tribunales de Madrid se ceba especialmente con los Registros Civiles, en la calle Pradillo, cuya escasez de plantilla escenifica "la gravísima" situación de los órganos judiciales madrileños, según los sindicatos. El atasco se agrava en el caso de los registros de otros partido judiciales de la región, con una plantilla formada por un sólo funcionario.
La falta de personal también aqueja a los Juzgados de lo Penal, que enjuician delitos con una pena aparejada inferior a cinco años de cárcel. Con "la misma plantilla de hace veinte años", según los sindicatos, la situación en estos órganos judiciales es "insostenible".
También critican que existan contratos de refuerzo por un mes, puesto que si una funcionaria está embarazada no se la renueva y si un empleado público está de baja, tampoco se le actualiza el contrato. Esto provoca que esas plazas estén vacías hasta tres meses, puesto que la Consejería no remplaza al personal.
La huelga que concluyó hace un año bloqueó los tribunales de la región. Uno de los órganos más afectados fue la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo presidente, Francisco Javier Vieira, llegó a emplazar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que mediase entre el Gobierno regional y los funcionarios para poner punto y final a los paros indefinidos. El parón provocó la suspensión de una media de 800 juicios diarios.
