El PSOE se ajusta a lo previsto en la norma y rechaza, con el PP, las peticiones de máximos planteadas por IU e ICV
MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso aprobó esta noche una moción de IU-ICV en la que se insta al Gobierno a poner en marcha, en un plazo de seis meses, todas las medidas que permitan dar cumplimiento a todos los preceptos de la conocida como Ley de Memoria Histórica. Este mandato salió adelante con los votos de PSOE, CiU, ERC y PNV y el rechazo del PP. Sin embargo, socialistas y 'populares' unieron sus votos para tumbar otros planteamientos de máximos relativos a este asunto que IU e ICV habían incluido en su iniciativa.
En concreto, el texto al que se dio luz verde obliga al Ejecutivo a aprobar antes del verano todas las disposiciones necesarias para la aplicación global de una ley que lleva 15 meses en vigor. El objetivo es que, a más tardar el próximo mes de octubre, esté listo el catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura para poder "acelerar" la retirada de los símbolos franquistas.
SI HAY SÍMBOLOS NO HAY SUBVENCIONES
En este punto, el Congreso también da un plazo de seis meses para la aprobación de las medidas destinadas a retirar las subvenciones a las instituciones o propietarios privados que mantengan símbolos de exaltación de la dictadura. La intención de IU e ICV es que, si es necesario, esta previsión legal se aplique también a la Iglesia.
Asimismo, el Gobierno tendrá que hacer efectivas a lo largo del año la modificación de los estatutos de la Fundación Gestora del Valle de los Caídos para que incluya entre sus objetivos "honrar y rehabilitar la memoria" de todas las personas fallecidas a consecuencia de la contienda civil y la represión posterior.
Además, según el mandato de la Cámara, el Gobierno tendrá que dotar de recursos suficientes a la recién creada Oficina de Víctimas del Guerra Civil y la dictadura, y agrupar en el Centro de la Memoria de Salamanca con originales o copias fidedignas los fondos documentales que ahora están en manos de instituciones u organizaciones como la Fundación Francisco Franco.
MAPA DE FOSAS
También salieron adelante varios puntos relativos a las fosas comunes, como que se dé prioridad en las próximas convocatorias de subvenciones a los proyectos de identificación y localización de desaparecidos y que en seis meses esté listo un protocolo de científico para las exhumaciones y un mapa nacional de fosas.
El texto aprobado también busca que el Ejecutivo garantice que las administraciones públicas faciliten a sus descendientes la localización y exhumación de los desaparecidos. Sin embargo, PSOE y PP rechazaron que el Estado sufrague los gastos de las exhumaciones si no los asumen otras administraciones.
La misma suerte corrieron otras propuestas incluidas por IU e ICV en su iniciativa, como la creación una Fiscalía y un Alto Comisionado especializado en víctimas de la guerra y la dictadura, la ampliación de las indemnizaciones previstas para este colectivo, el impulso de políticas públicas para el fomento de la memoria democrática o la elaboración de un mapa censo de obras y edificaciones fruto de trabajos forzados.
SEPARATISMO A LA CARTA
Durante el debate, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, se congratuló del apoyo del PSOE a varios puntos de la moción, pero lamentó que se haya negado a avalar una "interpretación más abierta" de la ley. "Es un paso en la aplicación de la ley que seguimos concibiendo como un punto de partida", resumió, anunciando que presentarán más iniciativas porque no renuncian por ejemplo a la anulación de los juicios del franquismo.
En nombre del PSOE, Daniel Fernández, recalcó que su partido está "orgulloso" de la Ley de Memoria y dejó claro que no iban a respaldar peticiones que superen el consenso que se alcanzó en torno a la misma. Además, aprovechó para arremeter contra las comunidades o ayuntamientos que, según denunció, "miran para otro lado y ponen palos en las ruedas", para no asumir la ley aplicando una especie de "separatismo a la carta".
Desde el PP, Jorge Fernández Díaz, defendió la enmienda planteada por su formación para que las administraciones públicas pudieran facilitar su trabajo a todas las entidades que trabajen por la localización de desaparecidos y no sólo a las creadas antes de junio de 2004, como prevé la ley. Además, volvió a acusar a IU de pretender "reescribir" la Historia y a proclamar que, para el PP, "la mejor ley, departida y de llegada, es la Constitución Española".
Y FRANCO SIGUE EN EL EJÉRCITO DEL AIRE
Por su parte, Aitor Esteban, del PNV, aprovechó su turno para denunciar que la placa de Franco que hay en la sede del Ejército del Aire no vaya a ser retirada, según argumenta el Gobierno, porque está sujeta al actual Plan de Ordenación Urbana de Madrid. También recriminó al Ejecutivo que haya tardado casi un año en aprobar los decretos que permiten desarrollar gran parte de la Ley de Memoria.
En representación de CiU, Jordi Xuclà, demandó, igual que hacía en su enmienda que tampoco se votó, fijar un plazo de tres meses para que el Gobierno remitiera al Congreso un plan de desarrollo de la ley con un calendario concreto. También insistió en la conveniencia de que el Ejecutivo dé instrucciones a la Fiscalía para que actúe en favor de la anulación de los juicios políticos del franquismo.