MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El acuerdo alcanzado entre PSOE e IU-ICV para desbloquear la tramitación parlamentaria de la conocida como Ley de Memoria Histórica incluye declarar "injustas" las condenas políticas del franquismo e "ilegítimos" los tribunales que las emitieron, según el texto definitivo, presentado en el Congreso por el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido.
El pacto se limita a los siete primeros artículos del proyecto de ley, que regulan el objeto de la ley, un reconocimiento general a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y la posibilidad de obtener una declaración de reparación personal.
Según la redacción pactada, "se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".
"ILEGITIMIDAD POR VICIOS DE FORMA Y FONDO"
Por ello, "se declara la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica del Estado y el Gobierno, y Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos".
Igualmente, "se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".
En una disposición adicional en la que siguen trabajando PSOE e IU-ICV y que aún no está cerrada se justificará la ilegitimidad de los tribunales con una relación de las disposiciones del franquismo, desde los bando de guerra de Burgos, que están afectadas por esta declaración.
RECONOCIMIENTO SIN EFECTOS ECONÓMICOS.
A partir de esos mimbres, se reconoce el derecho a obtener una "Declaración de reparación y reconocimiento personal" a quienes sufrieron estas condenas "injustas" de tribunales "ilegítimos".
Esa declaración, que no tendrá efectos económicos, será expedida por el Ministerio de Justicia, con lo que se suprime el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes y que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios.
El acuerdo también precisa el objeto de la ley dejando claro que su pretensión es "reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos".
Recalca también que el objetivo de ampliar ese reconocimiento es "fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales".
En ese sentido, "se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecido durante la Guerra Civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese periodo histórico y depositados en archivos públicos".
