SAN SEBASTIAN, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los miembros de plataformas anuladas acusados de ocupar durante una hora el salón de plenos del Ayuntamiento de Andoain, en octubre de 2004, aseguraron hoy en el juicio que accedieron al mismo de forma "natural" para realizar una "protesta pacífica", sin que nadie les indicara que no pudieran entrar ni les pidiera después que lo desalojaran. No obstante, el fiscal mantuvo su petición de penas que van de los diez meses a un año de cárcel para los imputados.
El juicio quedó hoy visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal 5 de San Sebastián después de que la Fiscalía y la defensa, que reclama la absolución, elevaran a definitivas sus conclusiones provisionales.
El fiscal, que imputa a los ocho acusados "allanamiento" de un recinto público y un delito de daños, solicitó un año de cárcel y multas que suman 10.080 euros para la ex concejal de Batasuna en Bilbao Arantza Urkaregi, y diez meses de prisión y multas de 8.640 euros, cada uno, para el resto de encausados.
Entre estos últimos se encuentran el ex alcalde de Zizurkil Juan Manuel Erasun, el ex edil donostiarra y miembro de Baga Boga Iñigo Balda y la concejal de Hondarribia Miren Legorburu.
Los acusados declararon que, bien a través de carteles o de un e-mail, tuvieron conocimiento de que ese día las plataformas anuladas en las elecciones municipales iban realizar una protesta en Andoain para denunciar "el apartheid político".
Según su relato, cuando acudieron al lugar, las puertas del Ayuntamiento y del salón de plenos estaban abiertas "de par en par" y en su interior había ya otras personas. La mayoría dijo que no vio a ninguno de los dos guardia municipales que se encontraban en el lugar, y quienes sí lo hicieron declararon que los agentes no les "dijeron nada".
DESPERFECTOS
Los imputados señalaron que, una vez en el salón de plenos, donde había entre 40 y 60 personas, consensuaron un texto que leyeron en el balcón del Ayuntamiento con la ayuda un megáfono. A continuación, abandonaron el lugar por su "propio pie". Todos ellos negaron haber visto desperfectos en la puerta de acceso al salón que, según el fiscal, fue forzada, causando daños valorados en 684 euros.
Los acusados aseguraron que no les pareció "anormal" entrar en el Consistorio, ni se plantearon si tenían o no autorización para ello, porque todo transcurrió "de forma natural", y desconocían el "funcionamiento" de ese Ayuntamiento.
Por su parte, los dos guardias municipales explicaron que dos jóvenes entraron en el Ayuntamiento y les dijeron que iban a celebrar una reunión en el salón plenario para "manifestarse por la situación de Euskal Herria".
Uno de los agentes señaló que, cuando consultaba por teléfono con su superior si tenían permiso para ello, cerca de 50 personas "aprovecharon" para subir al primer piso y acceder al salón, tras romper la cerradura.
El alcalde de Andoain, José Antonio Pérez Gabarain (PSE-EE), y el teniente de alcalde, Estanis Amutxastegi, declarararon que el jefe de la Guardia Municipal les informó de lo que sucedía. Tras analizar la situación en un bar, decidieron exigir a la Ertzaintza que desalojara el salón de plenos, aunque para cuando llegó al lugar ya se encontraba vacío.