La oposición sugiere que la defensa del Consorcio no la lleven los abogados de la Generalitat
BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario del Gobierno catalán, Germà Gordó, ha negado este jueves haber presionado a los servicios jurídicos de la Generalitat para que dieran marcha atrás en su posicionamiento inicial de pedir la imputación en el caso Milllet de personas vinculadas a CDC.
En una comparecencia ante la comisión de Justicia del Parlamento autonómico, ha garantizado que los servicios jurídicos actúan con "plena libertad de criterio", por lo que en todo momento han actuado sin ninguno tipo de indicaciones políticas.
Asimismo, ha argumentado que si cambiaron de opinión fue por "razones de seguridad jurídica y procesal y por los posicionamientos diversos de las partes implicadas", y ha recalcado que los abogados de la Generalitat pidieron una información más exhaustiva para evitar imputaciones prematuras.
Ante las acusaciones de la oposición de falta de transparencia en todo el proceso, Gordó ha exhibido la victoria electoral de CiU en los comicios autonómicos y municipales para justificar que la "credibilidad" al Gobierno la dan los ciudadanos, no los partidos de la Cámara.
Ha reprochado al tripartito que sólo cree en la objetividad e independencia de los abogados de la Generalitat cuando forma parte del Gobierno catalán, y ha considerado que en su comparecencia se ha puesto en duda la profesionalidad de estos letrados.
GIRO INESPERADO
La oposición en bloque ha rechazado los argumentos del secretario del Gobierno, y a propuesta de ICV-EUiA, se plantea ahora impulsar que no sean los servicios jurídicos de la Generalitat los que defiendan los intereses del Consorcio del Palau.
Los partidos alegan que, siendo CDC una de las partes presuntamente implicadas en la trama, no pueden ser unos servicios jurídicos que están bajo la competencia del ex gerente de CDC, el propio Gordó, los más indicados para llevar la parte jurídica.
El diputado ecosocialista Salvador Milà ha recalcado que existe una "conflicto de intereses" que cuestiona la legitimidad del Gobierno de Artur Mas para capitanear la defensa los intereses del Consorcio.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento autonómico, la portavoz parlamentaria del PSC, Laia Bonet, ha confirmado que estudiarán si instan al Gobierno a "trasladar" la defensa del Consorcio a otros servicios jurídicos que no sean los de la Generalitat.
"La duda no la tenemos sobre los servicios jurídicos, que son unos profesionales excelentes, sino sobre aquellos que les indican que tienen que cambiar el criterio jurídico de defensa", ha sentenciado en alusión a Gordó.
La oposición, que tiene previsto reunirse en las próximas horas para explorar esta vía, contempla que una de las posibilidades sea que los intereses del Consorcio los lleve una "defensa externa" privada por encargo de las administraciones.
El diputado de ERC Pere Bosch ha tachado de "escándalo absoluto" la actuación del Gobierno catalán en el cambio de posición del Consorcio, mientras que la diputada popular María de los Llanos de Luna considera que es de máxima gravedad porque no responde a criterios jurídicos.
