BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat presentó este mediodía un paquete de 16 medidas para reforzar el control y la transparencia de las entidades que reciben subvenciones públicas porque admite que hubo "fisuras" en el actual sistema que permitieron que se produjera el desvío de fondos del Palau de la Música, que suma de momento de 23 millones de euros.
En rueda de prensa, el conseller de Economía, Antoni Castells, aseguró que no es que el "controlado haya fallado", sino que no había mecanismos de control suficientes. Se trata de introducir medidas sin voluntad de perjudicar a un conjunto de fundaciones que han hecho las cosas "razonablemente bien", añadió el conseller de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras.
La consellera de Justicia, Montserrat Tura, explicó que estas medidas no ponen en duda el trabajo que han hecho la mayoría de fundaciones, porque la "existencia de gente con voluntad de delinquir y apropiarse ilícitamente de dinero" no debe hacer perder la confianza en el conjunto de entidades.
Con este plan, las fundaciones que reciben subvenciones públicas no podrán destinar este dinero a partidos o a fundaciones de partidos, una medida que impedirá donaciones como la que recibió la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC, del ex presidente de la Fundació Palau de la Música Fèlix Millet, principal imputado en el caso Palau.
Según Castells, esta es una "fisura por donde se ha colado más de un hecho indeseable", por lo que también prevén limitar la cuantía de las donaciones, aportaciones o prestación gratuitas que podrán realizar los beneficiarios de fondos públicos.
La administración podrá requerir información del destinatario final de los fondos públicos, llegando "al final de la cadena", según Castells, algo que hasta ahora no era posible, y los beneficiarios deberán proporcionar más información de su relación con terceros.
Asimismo, no se concederán subvenciones a las entidades que den sueldos "manifiestamente desproporcionados" a sus directivos, aunque todavía queda por determinar "cuál es el límite", y se tratará de limitar la acumulación de cargos ejecutivos en entidades que perciben fondos para evitar que haya cruce de subvenciones, algo que ocurrió en el caso del Palau.
Otras medidas en el ámbito del buen gobierno exigirán que las auditorías las conozcan directamente los órganos de gobierno de la entidad de forma directa y no a través del propio gestor, y se deberá acreditar que la destinación de los fondos recibidos es la adecuada.
REFORZAR LAS INSPECCIONES
La compatibilidad de los cargos deberá ser conocida y, si es necesario, autorizada por el Protectorado, que controla a las fundaciones. Además, se reforzará la función inspectora del Protectorado y se impulsará la creación de órganos de control interno en las fundaciones, que deberán presentar un balance consolidado junto con su memoria anual.
Estas medidas se irán implementando progresivamente ya que tienen una "diferente traducción normativa" y seguirán diferentes tramitaciones, en leyes como la de Finanzas o la del Protectorado.
Castells recalcó que con estas nuevas medidas se hubiera podido evitar el desfalco del Palau, pero que no garantizan que se puedan producir nuevos delitos, porque los delincuentes siempre buscan saltarse las normas. "No hay mecanismo preventivo que evite el delito, por bueno que sea", dijo.