MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, presidió hoy la constitución de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, un nuevo organismo que pretende detectar "dónde están los males de la justicia para poder ponerles remedio", según informó hoy este Ministerio.
La Comisión Nacional de Estadística Judicial está compuesta por siete vocales: un representante del Ministerio de Justicia; un representante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); un representante de la Fiscalía General del Estado, y cuatro de otras tantas Comunidades Autónomas
Cada dos años rotarán la presidencia y la vicepresidencia de la Comisión, correspondiendo en esta fase constitutiva al Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y al vocal encargado de la estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Ríos, respectivamente.
Asimismo, rotarán los representantes de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, correspondiendo en esta primera etapa a Madrid, Canarias, Cataluña y País Vasco.
PLANES ESTADÍSTICOS.
La Comisión de Estadística es un instrumento incluido en el Plan de Transparencia Judicial, y tiene entre sus principales objetivos la evaluación del funcionamiento de la Administración de Justicia para velar por su mejora. Su funcionamiento permitirá establecer criterios uniformes y de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial.
De este modo, según el Ministerio de Justicia, la Comisión velará por el desarrollo del Plan de Transparencia Judicial, que permitirá a los ciudadanos tener información continua sobre el estado de los procedimientos que les afecten. Asimismo, propiciará que todos los profesionales del Derecho estén permanentemente informados sobre el desarrollo de las actividades judiciales que afecten a sus intereses o su trabajo.
Otras labores de la nueva Comisión serán la obtención de datos estadísticos precisos para evaluar la actividad de jueces y fiscales, la identificación de las instalaciones y equipos de trabajo y el compromiso para utilizar un lenguaje claro en toda la actividad judicial.
