Moncloa se adelanta a Unidas Podemos, que presenta mañana su propuesta de ley para despenalizar los delitos de opinión

(I-D) El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón; el diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago; el diputado de en Comú Podem-Guanyem el Canvi, Jaume Asens Llodrá; la diputada de Podemos, Ione Belarra; el secretario genral de Podemos, Pab
(I-D) El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón; el diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago; el diputado de en Comú Podem-Guanyem el Canvi, Jaume Asens Llodrá; la diputada de Podemos, Ione Belarra; el secretario genral de Podemos, Pab - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Actualizado: lunes, 8 febrero 2021 23:07

Pedirá derogar los tipos penales de injurias a la corona, el de enaltecimiento del terrorismo o las ofensas contra sentimientos religiosos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos registrará mañana un proposición de ley en el Congreso para proteger la libertad de expresión y plantea la derogación de artículos del Código Penal que a su juicio "atentan" contra ese derecho constitucional, como el caso de los delitos de injurias a la corona e instituciones del estado, contra los sentimientos religiosos o enaltecimiento del terrorismo.

Precisamente esta noche Moncloa ha avanzado que el Ministerio de Justicia planteará una revisión de los delitos relacionados con "excesos" en el ejercicio de la libertad de expresión que supongan "claramente" la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta y eliminará las penas de prisión para estos casos.

La iniciativa de Unidas Podemos, a la que ha tenido acceso Europa Press, será presentada mañana por los diputados de Unidas Podemos Jaume Asens y Enrique Santiago y detalla una serie de delitos que "chocan frontalmente con la libertad de expresión".

"Son artículos del Código Penal cuya influencia provienen de la dictadura y que por tanto no tienen cabida en un sistema democrático y plural", ahonda la proposición de ley.

El grupo confederal argumenta que se está asistiendo en España a una "deriva autoritaria" que ha llevado a restringir de "manera alarmante" el derecho fundamental a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española.

Fundamentalmente alerta de los efectos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley mordaza', como una "forma silenciosa y discreta de disuadir del ejercicio del derecho fundamental a la manifestación" mediante multas que, como reflejan informes de distintas organizaciones en defensa de los derechos humanos, han tenido un efecto "desmovilizador en la ciudadanía".

DELITOS QUE "AMORDAZAN" LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Pero incide en que la segunda vía que "amordaza y reprime" la libertad de expresión es el cauce penal mediante la aplicación de determinados artículos del Código Penal que, en su opinión, " criminalizan conductas".

Entre ellas cita "enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad -la procesión del Coño Insumiso-, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol en presencia de los Reyes de España".

Por tanto, constata que se están utilizando tipos penales totalmente "obsoletos, no ajustados a la Constitución Española e impropios de una democracia desarrollada".

La iniciativa, por tanto, pide derogar el delito contra los sentimientos religiosos al entender que no tiene sentido en un estado aconfesional.

INJURIAS A LA CORONA, "ATAQUE" CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Argumento similar emplea en la derogación de delitos de injurias a la corona, al destacar que esta especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye "un verdadero ataque contra la libertad de expresión".

"En un sistema democrático cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia", subraya la propuesta de Unidas Podemos.

También plantea eliminar el tipo penal de injurias a las instituciones del estado, ya sea el Gobierno, instancias judiciales, el Ejército o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, recogido en el artículo, si bien destaca que "apenas se ha aplicado".

En el caso del enaltecimiento del terrorismo, Unidas Podemos rememora que este delito nació en el año 2000, fruto del pacto de Estado entre PP y PSOE, en "un momento de extrema violencia perpetrada por la organización terrorista ETA".

Sin embargo, el grupo confederal llama la atención en que no ha sido hasta el año 2011, justamente cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando se han multiplicado estos casos y ha llevado a que Amnistía Internacional solicite su derogación.

"En un contexto en el que ni ETA ni GRAPO ni su entorno están ya activos, este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión", recoge la proposición de ley.

En esta línea, describe que "tuiteros, cineastas y raperos están siendo enjuiciados por sus mensajes en la red, sus largometrajes y las letras de sus canciones". Sin embargo, afirma que pese a la "dureza de sus expresiones se ha puesto de manifiesto que no existe ningún peligro de comisión de delitos terroristas".

Por tanto y tras exponer varios razonamientos jurídicos, Unidas Podemos cree que el delito de enaltecimiento del terrorismo de "difícil encaje en un sistema democrático y debe ser derogado de forma urgente".

CASO DE HASEL

Esta iniciativa llegará este martes al Congreso después de la condena al rapero Pablo Hasel a nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales.

La condena a Hasel, a quien la Audiencia Nacional dio el pasado 28 de enero diez días para entrar en prisión, ha provocado protestas en las calles de varias ciudades como Barcelona y Madrid, así como un manifiesto de apoyo de más de 200 representantes del mundo del arte y la cultura españoles, encabezados por el cineasta Pedro Almodóvar, el cantautor Joan Manuel Serrat o el actor Javier Bardem.

Hasel fue condenado a 9 meses y 1 día de prisión por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en septiembre de 2018, así como al pago de una multa de aproximadamente 30.000 euros. Este tribunal redujo no obstante la pena inicial de marzo de 2018 que le impuso la Sala de lo Penal, y que ascendía a dos años y un día de prisión.

IGLESIAS: "NADIE DEBERÍA IR A LA CÁRCEL POR DELITOS DE OPINIÓN"

El vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo a finales de enero que en democracia "nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión" y piensa que el caso de Hasel, "generará la sensación de que la ley no siempre es igual para todos".

"Opino que en democracia nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión. Hay otros mecanismos jurídicos para proteger el honor, la integridad o el prestigio. Que Hasel vaya a la cárcel, pienso que generará la sensación de que la ley no siempre es igual para todos", destacó en Twitter.

El secretario primero de la Mesa del Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, también censuró que Hasel tenga que ingresar en prisión "por criticar a los Borbones".

"Mientras tanto, Juan Carlos I sigue en Abu Dabi y ni Inspección de Hacienda ni Fiscalía han actuado por fraude fiscal. Una vergüenza", ha destacado en Twitter.

Para Asens también es una "vergüenza que mientras la justicia garantiza la impunidad de los torturadores franquistas, se persiga a alguien por cantar". "Por delante de cualquier encontronazo, toda nuestra solidaridad", zanjó.

El portavoz del grupo, Pablo Echenique, afirmó que no está de acuerdo con algunas de las cosas que dijo Pablo Hasel, pero cree que el delito de injurias a la corona es "una rémora medieval y el de enaltecimiento del terrorismo, cuando ETA lleva años finiquitada, necesita una revisión profunda". "Su condena no es propia de un país moderno", manifestó.

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