ZARAGOZA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del Partido Aragonés (PAR), José Ángel Biel, afirmó hoy que "evidentemente" no hubiera autorizado aplicar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en lo referente a las zonas de 'suelo no delimitado' de la localidad zaragozana de La Muela si hubiera conocido las supuestas maquinaciones delictivas de la alcaldesa, María Victoria Pinilla.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Aragón, Biel respondió a una pregunta sobre la decisión que tomó en verano de 2006 de impedir la paralización de la aplicación del PGOU de La Muela, en contra de la decisión inicial de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT), como publica hoy El Periódico de Aragón.
Biel puso como ejemplo metafórico un caso en el que la Jefatura Provincial de Tráfico concediera el permiso de conducir a un ciudadano que, posteriormente, comete un delito mientras conduce, tras lo que se preguntó si "la culpa es de la Jefatura" y "quién lo sabía", a lo que añadió que "si hubiera sabido que en la curva había un pilón, no hubiera ido por la curva, pero yo qué sabía".
El presidente del PAR continuó recordando que "no basta un acto de voluntad" para disolver un Pleno municipal y nombrar en su lugar una comisión gestora hasta las siguientes elecciones municipales y explicó que "si fuera fácil no estaríamos en un Estado de Derecho", ya que esta situación está regulada por el Derecho y es el juez el que tutela su aplicación. Biel se preguntó "cuánto se ha tardado en que partidos abertzales no se presentaran a las elecciones, cuántos años se ha tardado, y había voluntad de todo el mundo".
José Ángel Biel aprovechó para recordar que siempre ha defendido la prevalencia del interés general sobre la autonomía municipal en algunos casos "e incluso decía que no es la suma de los intereses locales", planteamiento que otros rechazaban apelando a la autonomía municipal.
Además, consideró que el caso de La Muela "es una excepción" y dijo que desde las primeras elecciones democráticas tras la aprobación de la Constitución vigente, celebradas en 1979, han concurrido a los comicios locales 75.000 personas, la mayoría sin que hayan tomado decisiones ilegales como ediles.
