BARCELONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Todos los grupos del Parlament rechazaron hoy la proposición de ley del PP para modificar la Ley de Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Generalitat, cuyo principal objetivo era "armonizar" el sistema de recursos administrativos catalán con el del resto del Estado.
El tripartito y CiU presentaron una enmienda a la totalidad de esta proposición que se aprobó con 114 votos a favor de PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA y CiU, 13 en contra del PP y 3 abstenciones de C's.
El diputado del PP Jordi Montanya, quien expuso la proposición de ley de su grupo, insistió en que se debe "adecuar" la legislación catalana a la estatal en esta materia y dar "mayor seguridad jurídica" a la ciudadania en sus relaciones con la administración.
Montanya también consideró necesaria esta reforma para "actualizar" la administración catalana, ya que consideró "obsoleta" la normativa actual. Por eso, criticó "la falta de voluntad política" del Govern para reformar esta ley, que ve "superada por la realidad administrativa".
En la proposición de ley, los populares argumentan que prefieren elaborar una nueva ley sobre el régimen jurídico de la Generalitat, pero que se decantan por una reforma parcial ante la "falta de prioridad" del Govern para elaborarla.
NO EXISTE "VACÍO LEGAL"
Por eso, Patrícia Gomà (ERC), quien expuso la enmienda a la totalidad presentada conjuntamente por el tripartito y CiU, replicó que la proposición popular "no tiene sentido" porque el Govern ya prepara dos anteproyectos de ley en esta materia. Añadió que aprobar la proposición del PP sería un "parche innecesario".
La diputada republicana también negó a los populares que haya "vacío legal" en Catalunya sobre el sistema de recursos administrativos. Para ella, no existe "el silencio administrativo" que denuncian los populares, es decir, una falta de respuesta de las instituciones ante recursos de la ciudadanía.
Aunque el popular Jordi Montanya insistió en que su proposición no se refiere al "silencio administrativo", porque éste ya fue objeto de una reforma anterior de la misma ley, Gomà consideró que la reforma propuesta por el PP está directamente relacionada con éste, ya que persigue "armonizar" la ley catalana con la estatal para terminar con la "inseguridad jurídica".
En la misma línea, Lídia Santos (PSC) consideró que "la situación actual no pone en cuestión la seguridad jurídica" de la ciudadanía y explicó que la reforma legal que prepara el Govern "no tiene como preferencia" la "armonización" de la legislación catalana a la estatal, sino mejorar las "garantías" legales a la ciudadanía.
Pilar Pifarré (CiU) también se opuso a la "armonización" defendida por los populares, aunque se mostró partidaria de modificar la ley del procedimiento y régimen jurídico de la Generalitat, y acusó al Govern de no tener como "prioridad" esta materia. Para los convergentes, la nueva ley debería aumentar la "transparencia" de las administraciones catalanas en su trato con la ciudadanía.
CRÍTICAS AL RETRASO DE LA LEY DEL GOVERN
La diputada convergente aprovechó su intervención para criticar la "lentitud" del Ejecutivo catalán en otras cuestiones, entre las que citó la aprobación de la nueva ley del Govern que debe modificar la organización interna de éste.
Pifarré explicó que, aunque el tripartito ya haya decidido que pueda haber uno o más vicepresidentes de la Generalitat, aún no ha acordado si la nueva normativa contemplará la figura del jefe de la oposición. La tramitación de este proyecto de ley --ironizó Pifarré-- ya ha durado "el 25% del tiempo" que comportó la aprobación del Estatut.