Acusa a los Estados miembros de "cerrar los ojos" ante las actividades de EEUU y critica la falta de colaboración de Solana
BRUSELAS, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo votará el próximo miércoles 14 de febrero el informe final sobre las actividades ilegales de la CIA en territorio europeo, en el que acusa a los Estados miembros de "cerrar los ojos" frente a los vuelos operados por la agencia norteamericana, y pide que el Consejo Europeo encargue, sin demora, una investigación independiente para ver si cabe imponer sanciones a los Estados miembros que hayan violado de manera "seria y persistente" los Derechos Humanos. También critica la falta de colaboración del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana.
El informe, cuyo ponente es el socialista italiano Giovanni Fava, fue aprobado en comisión el 23 de enero por 28 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. Para el debate en pleno se han presentado 270 enmiendas, aunque no se prevén cambios sustanciales en la votación final porque cuenta con el apoyo de socialistas, liberales, verdes y el grupo Izquierda Unitaria, que reúnen la mayoría de los votos de la cámara.
El Partido Popular Europeo, que se opuso mayoritariamente al informe durante su voto en comisión, mantiene su postura crítica hacia el documento porque considera que no existen "pruebas irrefutables" de las actividades que se denuncian, aunque anunció que no decidirá su postura final en el pleno hasta la reunión de grupo en Estrasburgo. Por su parte, los soberanistas de Unión Por la Europa de las Naciones han anunciado su voto en contra también por considerar que no hay pruebas de las detenciones extraordinarias ni de la complicidad de los Gobiernos europeos.
El texto que se someterá a votación da por sentado que hubo más de mil vuelos operados por la CIA que usaron el espacio aéreo europeo entre 2001 y 2005 o que las bases militares norteamericanas en Europa pudieron usarse como centros temporales de detención de acusados de terrorismo.
"Los países europeos han hecho la vista gorda con los vuelos operados por la CIA que, en algunas ocasiones se usaron para hacer entregas extraordinarias o para transportar de forma ilegal a detenidos", sostiene el informe en que se llega a decir que pudo haber "falta de control" de los Estados miembros sobre las bases militares norteamericanas y que las "facilidades" proporcionadas por los países europeos para practicar detenciones ilegales podrían haber incluido, por ejemplo, habitaciones de hotel, como fue el caso de Jaled el Masri, detenido en Skopje (Macedonia).
A la vista de todas estas afirmaciones, la Eurocámara "espera que el Consejo inicie audiciones y encargue una investigación independiente sin demora, tal y como prevé el artículo 7 del Tratado" y, "si fuera necesario, imponer sanciones a los Estados miembros en caso de un serio y persistente incumplimiento del artículo 6 del Tratado". En virtud de ambos artículos se puede recomendar suprimir el derecho a voto en el Consejo a los países miembros que hayan violado la Convención Europea de Derechos Humanos.
El informe critica en particular a los Gobiernos europeos que no mostraron voluntad de cooperar con la comisión parlamentaria, en concreto a los de Austria, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido.
En el caso concreto de las sospechas sobre la existencia de cárceles secretas en Polonia, el informe concluye que, a la luz de las "evidencias circunstanciales", no hay manera de saber si tuvieron o no su base en este país, con el que los eurodiputados son muy duros porque la delegación que visitó Varsovia para indagar este asunto obtuvo sólo declaraciones "contradictorias".
Se queja también el Parlamento de las "omisiones" del alto representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad Común, Javier Solana, porque fue "incapaz" de completar las evidencias que tenía ya la comisión. Los mismos reproches se dirigen hacia el coordinador de la lucha terrorista de la UE, Gijs de Vries, a quien los eurodiputados acusan de no dar "respuestas satisfactorias" y para quien proponen reforzar sus competencias.
Como consecuencia de todo ello, el informe anima a los Gobiernos y los Parlamentos nacionales a abrir investigaciones independientes sobre las actividades de la CIA o continuar las que ya están en marcha. Asimismo, piden a la Comisión de Libertades Civiles hacer un seguimiento del asunto para ver si pueden recomendarse las sanciones antes mencionadas al amparo del artículo 7 del Tratado.
Propone también contar con legislaciones nacionales específicas para regular y controlar las actividades de los servicios secretos extranjeros en territorio de los Estados miembros. Es más, considera que las escalas de aviones militares o de policías sólo deberían permitirse si se acompaña de una garantía que asegura el respeto de los Derechos Humanos.
La comisión rechaza las entregas extraordinarias al entender que constituyen un instrumento ilegal usado por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y pide a los Estados miembros que reclamen a la Administración norteamericana "poner fin" a esta práctica. Finalmente, reclama el cierre de Guantánamo y pide a los países de la UE reclamar el regreso de sus nacionales encarcelados de manera ilegal por Estados Unidos en la base cubana.
REFERENCIAS A ESPAÑA
En cuanto a las actividades ilegales en España, el informe expresa su "profunda inquietud" por "las 68 escalas operadas por la CIA en aeropuertos españoles, que en numerosos casos fueron utilizadas en otros países" para las detenciones de víctimas como Jaled el Masri, Abu Omar o Maher Arar "según las investigaciones en curso en España e Italia".
España, sin embargo, recibe comentarios más benévolos que la mayoría de otros países citados en el informe: se "agradece la declaración de buena colaboración del Gobierno español" por la comparecencia en Bruselas del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y se destacan las palabras del Fiscal Jefe Javier Zaragoza, que declaró que "no ha habido ningún obstáculo, ninguna objeción, ningún inconveniente por parte del Gobierno español en la investigación de la Audiencia Nacional". No obstante, se lamenta de que España no autorizara la comparecencia del director del CNI, Alberto Saiz.
Se aplauden también las investigaciones de la Audiencia Nacional y el periodismo de investigación del Diario de Mallorca, "que desempeñó un importante papel en el descubrimiento del tránsito de aeronaves de la CIA" en Baleares.
