MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El catedrático y ponente de la Constitución Gregorio Peces-Barba afirmó hoy que "no pasa nada" si se toma la decisión de quitar los crucifijos de las escuelas públicas, ya que "la gente no deja de ser religiosa porque eso desaparezca". Además, recalcó que esta es una decisión que corresponde al Estado y las Comunidades Autónomas, no a los consejos escolares ni tampoco a los jueces, que no tienen por qué "perder el tiempo en eso".
Peces-Barba opinó que la presencia de símbolos religiosos es un elemento "secundario" en un "Estado laico, que no tiene ninguna confesión de carácter estatal", al que sin embargo "se le da una importancia extraordinaria" y consideró "lógico" que al 60 por ciento de la población no creyente o no practicante "no le parezca bien que haya crucifijos en las aulas". "Y no pasa nada, la gente no deja de ser religiosa porque eso desaparezca", añadió.
Eso así, añadió que "carece de sentido" dejar este asunto "a la disposición de los consejos escolares", como dijo inicialmente la ministra, Mercedes Cabrera, sino que deben ser el Estado y las Comunidades Autónomas quienes resuelvan el asunto.
El ex presidente del Congreso, que participó en un desayuno del Foro de la Nueva Sociedad, calificó además de "discutible" que en un Estado aconfesional se quiera equiparar la enseñanza de la religión a la de otras "asignaturas fundamentales".
Peces-Barba no se pronunció sobre la intención del Gobierno de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, pero aseguró que la actual "no afecta a la Iglesia Católica", sino que ésta se rige más bien por el acuerdo con la Santa Sede. "Una cosa que sólo un milagro puede establecer, porque es a la vez pre y postconstitucional", ironizó.
Además, destacó que la Iglesia Católica incumplió este acuerdo en lo relativo a los plazos para alcanzar su autofinanciación, aunque éste asunto se han resuelto posteriormente.
ENSEÑANZA EN CASTELLANO
Por otro lado, se refirió a la situación de la educación en las comunidades autónomas y respaldó que el "núcleo de la enseñanza" se haga en las lenguas propias de las comunidades autónomas, pero añadió que a los residentes temporales o "transeúntes" hay que "abrirles una puerta para que puedan tener enseñanza en castellano".
Además, opinó que también habría que dar esa posibilidad, aunque con más limitaciones, a quienes tengan una "objeción de conciencia a recibir enseñanza en catalán en gallego o en euskera", aunque añadió: "creo que eso sería patológico".
El ex presidente del Congreso apostó además por una ley general de coordinación de la educación que pueda frenar las "ocurrencias" de los presidentes autonómicos en éste ámbito y, además, que sirva para "limitar la posibilidad de generalización de los centros concertados", que deben ser "subsidiarios de los centro públicos" y no al revés.
QUE EL SUPREMO RESUELVA SOBRE EpC
En todo caso, sí confió en que el Tribunal Supremo unifique doctrina sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) para poner fin al "esperpento" de que la Comunidad Valenciana la imparta en inglés o la objeción de conciencia.
"Hablar de objeción de conciencia en este ámbito es signo de ignorancia absoluta", aseguró, recalcando que la objeción "no puede ser algo que decida cada ciudadano. "La objeción de conciencia se hizo para superar el 'critica libremente y obedece puntualmente' de Kant pero no para volver al anarquismo", remachó.