MADRID 30 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, abogó hoy por que "caiga todo el peso de la ley" sobre los delitos de corrupción urbanística a raíz de la investigación abierta en Totana (Murcia). No obstante pidió que "no se demonice" el urbanismo y destacó su función social y generadora de empleo.
"Hay 8.200 alcaldes, más de 160.000 concejales, muchos de ellos que trabajan en ayuntamientos sin cobrar absolutamente nada y el que aparezca 10 o 15, con que apareciese uno, sería para caer todo el peso de la ley sobre él", recalcó Castro, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, para quien "en un Estado de derecho, la justicia funciona".
Dicho esto, el también alcalde del municipio madrileño de Getafe señaló: "No quiero demonizar porque hay muchos intereses en económicos en torno a los ayuntamientos que son los únicos que tienen suelos, ni el Estado ni las comunidades autónomas". "Hay muchos intereses para demonizar el urbanismo", lamentó.
El también alcalde del municipio madrileño de Getafe subrayó que el urbanismo "es el elemento más importante que tienen las administraciones para hacer distribución social". "Desde el suelo se hacen colegios, centros sociales, centros culturales, centros educativos y sanitarios, viviendas de protección oficial e industria", subrayó.
"El que se utilice mal es un problema de unos cuantos, no es problema de la estructura, es como un hacha, se puede utilizar para cortar madera o para cortar cabezas", señaló. De esta forma, insistió en "defender" a los más de 8.000 alcaldes al frente de los consistorios españoles y se mostró a favor de la "expropiación" para construir viviendas de protección oficial.
"Si la iniciativa privada no entra para desarrollar viviendas de protección oficial, expropiamos. Y no soy Pedro Castro el expropiador, son Pedro Castro presidente de la FEMP y si la iniciativa privada no entra, vamos a entrar a hacer viviendas de protección oficial", recalcó el alcalde socialista.
Destacó que la construcción de vivienda de iniciativa pública genera empleo, desarrolla la actividad económica y genera redistribución social. "El urbanismo no es malo, hay intereses en que se domonice, y yo voy a defender la inmensa mayoría de los alcaldes", enfatizó, aunque deseó que a quien no cumple las buenas prácticas "que le caiga todo el peso de la ley con todas las consecuencias".
