PGE.- IU incluye el "incumplimiento" del Estatuto aragonés en la enmienda de devolución que defenderá en el Congreso

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida registró ayer en el Congreso de los Diputados la enmienda a la totalidad de devolución a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2008. La enmienda incluye el incumplimiento, a juicio de IU, del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón.

El coordinador general de IU en Aragón, Adolfo Barrena valora que el Gobierno "ha desaprovechado una nueva oportunidad de girar a la izquierda" y denuncia que no suponen el "nítido" compromiso social que esperábamos y, en el caso de Aragón, no cumplen con los criterios de nuestro Estatuto y se maquillan con la Expo.

En la enmienda, el Grupo Parlamentario de IU en el Congreso hace referencia al Estatuto de Autonomía de Aragón. En concreto, IU asegura en el texto que velará "por el cumplimiento de nuestro Estatuto en relación con las inversiones territorializadas y la Deuda Histórica", añade Barrena.

"Estos presupuestos no cumplen los criterios de nuestro reglamento autonómico, ya que en el texto se habla de superficie, orografía, despoblación y condición de región fronteriza y el Gobierno ha barajado los parámetros de población y de aportación al PIB en la elaboración de los PGE", indicó Barrena.

Para el líder de la formación política de izquierdas en Aragón el proyecto de ley tampoco resuelve la merma tributaria que el Estado tiene con nuestra Comunidad Autónoma y, además, incluye las inversiones para la Exposición Internacional Zaragoza 2008, "cuando se trata de un proyecto estatal que no debe formar parte de la inversión ordinaria", matiza.

Por otra parte, Izquierda Unida lamenta que el Gobierno no haya sido obligado a elaborar de nuevo el proyecto de ley de los PGE para "evitar el debate enmienda por enmienda". Para Adolfo Barrena "los partidos que van a avalar estos presupuestos deben ser conscientes de que no responden a las expectativas".

En este sentido, Adolfo Barrena hace un repaso a los "importantes incumplimientos de los compromisos sociales y medioambientales del Gobierno en esta legislatura", e insiste en que el Ejecutivo central "no ha mantenido una auténtica negociación con otros grupos ni con los agentes sociales".

En su opinión, "el proyecto que se ha enmendado en su totalidad desaprovecha las posibilidades de la economía aragonesa para garantizar un crecimiento sostenible y justo". IU no comparte la "obsesión" del Ejecutivo por el superávit, ni la reforma fiscal. Además, "hay un esfuerzo insuficiente en materia social", indican.

La enmienda registrada por Izquierda Unida deja en evidencia las previsiones macroeconómicas del Gobierno. En relación con las grandes cifras el texto estima que si el superávit previsto por el Ejecutivo socialista para la Administración Central fuese del 0,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), y no del 0,3 por ciento, se podrían "liberar" 2.240 millones de euros para financiar políticas públicas.

Con este menor superávit y con un crecimiento del gasto superior al crecimiento del PIB, la enmienda apuesta por buscar una política fiscal "prudente", sin reformas tributarias que "merman" la recaudación y que son "regresivas" porque acaban beneficiando a las rentas más altas.

La formación política de izquierdas entiende que con un papel "más activo" del gasto público se puede aumentar la "eficiencia" y la "cohesión social" de la economía para hacer frente a la "desaceleración" prevista y a las "incertidumbres" provocadas por la última crisis financiera.

Entre las medidas concretas, la enmienda a la totalidad expone la gran preocupación de IU para que se doten convenientemente las grandes leyes sociales aprobadas esta legislatura, "algo que no se cumple". Así, se exige que se aumenten los recursos para la atención a la dependencia hasta equipararlos a los destinados a financiar el 'cheque bebé', es decir, alrededor de los 1.200 millones de euros.

También se propone asegurar el desarrollo de las leyes de Igualdad y contra la violencia de género con 100 millones de euros, incrementar un 20 por ciento los recursos para la financiación municipal, mejorar en un 10 por ciento las pensiones más reducidas o reorientar las inversiones en infraestructuras ferroviarias.

Además, en el texto se apuesta por reordenar los recursos para las políticas públicas en materia de vivienda para dar prioridad al alquiler y por elevar el fondo de acogida e integración de inmigrantes hasta 500 millones de euros.