Piden entre 8 y 12 años de prisión para una abogada de Bilbao, que será juzgada el 24 por supuesta estafa a inmigrantes

BILBAO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una abogada de Bilbao será juzgada en la capital vizcaína entre los días 24 de septiembre y 4 de octubre por supuesta estafa continuada a inmigrantes al cobrarles en 2004 un total de 600 euros a cada uno por "regularles" cuando la Ley no lo permitía. El número exacto de afectados se desconoce, aunque podría ascender a más de 127 y las acusaciones solicitan para la letrada entre ocho y 12 años de prisión.

La Fiscalía pide, en concreto, ocho años y un día de cárcel, una multa de 7.500 euros y el pago de los gatos a los perjudicados. Por su parte, la acusación particular reclama 12 años de prisión, una multa de 36.000 euros, inhabilitación para el ejercicio de su profesión de abogada durante 15 años, el pago a los perjudicados de los gastos ocasionados, así como una indemnización de 1.000 euros por persona, en concepto de "daño moral".

Según informa SOS-Racismo de Navarra, en el año 2004 recibió más de 40 denuncias de inmigrantes que aseguraron haber sido estafados por una abogada de Bilbao, P.J.G., que les prometía "arreglarles los papeles, es decir, conseguir regularizarles, a sabiendas de que esto no era posible con la legislación vigente en aquel momento". A cada uno le cobraba 600 euros por las gestiones.

Estas personas, con la colaboración de SOS-Racismo, iniciaron la denuncia judicial contra esta abogada, acusándole de un delito continuado de estafa. La ONG considera que el juicio "será complejo y largo, ya que en la causa aparecen datos de nada menos que 127 personas a quienes la abogada acusada cobró por estas gestiones, aunque se desconoce el número total de personas que pudieron ser afectadas", aunque cree que, posiblemente, serán "muchas más".

En un comunicado, denuncia que existen personas, "en este caso una letrada, que se aprovechan de la mala situación y vulnerabilidad en la que viven otras personas porque la situación de carencia de derechos y vías para reclamarlos en la que se encuentra una persona en situación irregular hace que proliferen los casos en los que otras personas o profesionales se aprovechan de esta situación".

LEY DE EXTRANJERIA

Asimismo, critica "el mantenimiento de una normativa, como la Ley de Extranjería, que crea y promueve el caldo de cultivo necesario para que se puedan dar abusos como estos". "La ley de extranjería y demás normativa de inmigración, absurda e inhumana, cierra toda posibilidad real de poder regularizar su situación a cientos de miles de personas que habiendo venido de otros lugares, trabajan, residen y forman parte de esta sociedad", apunta.

A su juicio, "la no existencia de vías para poder normalizar su situación es el caldo de cultivo para que, sabiendo que necesitan agarrarse a un clavo ardiendo, personas desaprensivas usen sus necesidades, anhelos y esperanzas, para aprovecharse de ellas".

Por ello, exige "que se protejan los derechos y la situación de todas las personas, en especial las de quienes se encuentran en una situación de mayor desprotección y vulnerabilidad, no permitiendo que se produzcan abusos".

"Igualmente exigimos un cambio radical en las normativas y las prácticas de extranjería de modo que no se obligue a viajes cada vez más caros y peligrosos, y a vivir en la clandestinidad, la exclusión y la explotación, abriéndose cauces para poder venir de modo normalizado y para poder regularizarse quienes ya trabajan y viven aquí, como único modo de luchar contra estas situaciones de vulneración", concluye.