Aseguran que la ampliación de las inslaciones madrileñas ha supuesto el doble del máximo de operaciones que se hacía antes
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) - 5802070
La recién creada Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo, que reúne a ciudadanos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante y Zaragoza, pidió hoy el cierre nocturno de Barajas y la creación de un segundo aeropuerto en la región, pues consideraron que ampliación de las instalaciones aeroportuarias madrileñas fue "un gravísimo error".
"Lo normal es crear un segundo aeropuerto, pues lo que se hizo con la ampliación de Barajas fue un gravísimo error", declaró el portavoz de los afectados en Madrid, Pedro López, quien agregó que al ruido que supone para la población afectada se suma el problema de que el transporte que sobrevuela la región lo hace por el Monte Viñuelas, que se sitúa en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y afecta a ejemplares del águila imperial, que goza de todo tipo de protección medioambiental. "Además de ser ilegal, el problema es que se produzcan accidentes. El día que un ave entre en un motor tenemos una desgracia", agregó López.
Además, el portavoz señaló que Barajas es el aeropuerto que más cerca está del centro de la ciudad en toda Europa, por lo que, a su juicio, "debe ser cerrado por la noche porque la gente tiene que dormir, es necesario". Por último, arremetió contra los "intereses urbanísticos de todas las partes en Barajas".
En una entrevista concedida a Europa Press, el máximo representante nacional de los afectados por el tráfico aéreo, Luis Ramírez, afirmó que el tema de la huella acústica en Barajas ha sido "francamente escandaloso" y que "hay presiones sobre Aena para que determinadas rutas las alargue y para que acepten a determinados municipios donde afectan determinados giros como en el caso de Tres Cantos".
El líder de la asociación también consideró que la ampliación del aeropuerto madrileño ha supuesto "prácticamente el doble del máximo de operaciones que se hacía antes", hecho que provoca "rutas con aviones cada minuto, que es insoportable". Ramírez mantuvo además que "Barajas operativamente está metido ahí con calzador en un entorno casi urbano y Madrid sufre muchísimo, tanto en el Sur como en el Norte, la agresión medioambiental que genera".
"Cuando una Administración se plantea un proyecto como un aeropuerto debe de hacerlo adecuadamente, pero hay muchísimos intereses porque es un gran negocio y para los municipios una gran fuente de ingresos", argumentó.
Preguntado por si la solución para el tráfico aéreo de Barajas es la redistribución del mismo con la entrada en funcionamiento del aeródromo de Ciudad Real, que el pasado lunes tenía previsto abrirse al público pero no lo hizo al no tener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Ramírez señaló que su misión "no es decirle a la Administración dónde tiene que poner un aeropuerto".
150.000 AFECTADOS EN TODA ESPAÑA
La asociación, que hasta el momento representa alrededor de 150.000 afectados, tiene como objetivo denunciar que el Ministerio de Fomento "viene delegando en Aena sus funciones como órgano regulador", por lo que el organismo, a su juicio, "actúa como juez y parte" de la problemática del ruido y el impacto ambiental en las poblaciones cercanas a los espacios aéreos.
Asimismo, Ramírez criticó la actuación de los municipios, que "priorizan el crecimiento urbanístico antes que la calidad de vida, como evidencia la construcción de viviendas en pasillos aéreos y a pie de pistas". En este sentido, la asociación también ve "insuficiente" la normativa que se aplica a la construcción de aeropuertos y aerovías, que, a su parecer, "permite la emisión de ruidos perjudiciales a la salud y no toma en consideración a ciudadanos y medio ambiente".
Ramírez aseguró a Europa Press que la asociación nacional está formada por otras específicas contra el ruido, de afectados o ecologistas, y buscará la "participación real y efectiva de los afectados", la cual se realizará a través de la Comisión de Seguimiento para la Ampliación del Aeropuerto (CSAM). En estos órganos han estado representados los municipios, pero esto supone, a juicio de Ramírez, "otro juego de intereses, pues desgraciadamente los responsables municipales se dedican a gestionar como les afecta el aeropuerto a sus planes de desarrollo urbanístico".
El presidente de la asociación en defensa de los ciudadanos frente al impacto aéreo pidió la "interlocución directa" con los poderes públicos, pues "la realidad de todo este tiempo es que el intento dialogar ha tenido un resultado prácticamente nulo".
Con ello, apostó por el "diálogo" con las administraciones, aunque en caso de considerarlo necesario, señaló que no descartan llevar el caso ante los tribunales. "Nosotros entendemos que lo comercial es un bien que genera progreso y desarrollo. No pretendemos que no haya bienes porque sería absurdo, pero las administraciones tienen que desarrollar estas infraestructuras teniendo en cuenta un cierto control", enfatizó Ramírez, quien argumentó que "todos los mecanismos de control, como la Declaración de Impacto Ambiental se hacen en un principio, pero luego no se respetan".
