Los abogados de la defensa alegan que no hay indicios acreditados de que sus clientes puedan huir de la Justicia, ni delinquir
GIJÓN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias,acogió hoy la vista para tratar la petición del fiscal especial Antidroga de Asturias, José Perals, que solicitó la prisión provisional para siete de los acusados de narcotráfico por el caso 'Pípol', a la espera de que la sentencia, dictada el pasado mes, sea firme. Entre los imputados, se encuentran dos de los acusados del 11-M, los asturianos José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro, ambos actualmente en prisión.
La vista empezó sin la presencia del ex minero avilesino, que estaba siendo trasladado a Madrid para ser juzgado por el 11-M. El magistrado de la Sala, suspendió temporalmente la vista sólo para este caso. Por su parte, Toro Castro siguió la vista por videoconferencia, desde la cárcel de Navalcarnero. El riesgo de fuga y la posible reiteración de los actos delictivos fue la línea argumental del fiscal.
Perals señaló que los seis acusados --el caso de Trashorras será visto más adelante-- fueron condenados a más de dos años de prisión, la pena mínima para que se pueda solicitar el no entrar en la cárcel.
Asimismo, destacó que, en el caso de Toro Castro, además de ser sancionado por un delito contra la salud pública, también lo fue por depósito y tráfico de explosivos. También dijo que está siendo procesado por la Audiencia Nacional y, a su vez, cumpliendo otra condena.
Para Perals, el hecho de que Toro Castro esté en la cárcel no es óbice para pedir la prisión provisional en esta causa, ya que puede obtener algún permiso o darse la circunstancia de que la prisión preventiva se acabe.
En concreto, se solicitó hoy prisión provisional para los acusados que hayan sido condenados a más de 9 años de prisión. Y, en el caso de Toro Castro, por el tráfico de explosivos.
El fiscal considera que, pese a que la sentencia no es firme al haber presentado contra ella varios recursos, hay "motivos bastantes" para creer responsables de los delitos que se les imputan a estas personas. Es más, resaltó que el fallo judicial fue adoptado por unanimidad de los tres magistrados, lo que, a su juicio, "le da más fuerza a la sentencia".
Asimismo, el Ministerio fiscal descarta que se hayan vulnerado los derechos de los imputados, con relación a las escuchas telefónicas. A este respecto, aludió a una sentencia de otro caso, la 'Operación Ajo', en la que se constató que las intervenciones del teléfono eran "plenamente válidas".
Tampoco es suficiente la fianza depositada por los imputados que se encuentran actualmente en libertad provisional. Además, para el fiscal, ninguno de los imputados cumple los requisitos para ser beneficiarios de una suspensión de condena, en caso de que el Tribunal Supremo fallara a su favor el recurso y rebajara las penas. También indicó que no se da el caso de dependencia a sustancias estupefacientes.
Otra línea argumental fue los "elevados ingresos" que, según el fiscal, obtuvieron los imputados del tráfico de drogas. Un dinero, a su parecer, que puede ser utilizado para sufragar la fuga y el cambio de identidades. Perals resaltó que los acusados no tienen arraigo conocido, lo que aumenta el riesgo de que evadan la justicia.
En este sentido, recordó que en el caso 'Pípol' ya hay una persona que está en busca y captura; Jose Ignacio Fernández Díaz 'Nayo', de quien se supone traficó con explosivos y droga junto a Suárez Trashorras y Toro Castro.
Respecto a los ingresos por narcotráfico, Perals apuntó que hay riesgo de reiteración del delito, ya que los imputados sólo contaban con el dinero que obtenían con la venta de los estupefacientes. De hecho, indicó que uno de ellos, el policía local de San Martín del Rey Aurelio, está imputado ahora en otro procedimiento por drogas en Avilés, cuyo auto "viene a corroborar que reiteran la actividad delictiva", manifestó.
Por su parte, los abogados de la defensa coincidieron en rechazar la petición, al no haber "indicios acreditados" que lleven a pensar que los acusados piensen fugarse o vuelvan a delinquir.
Tampoco creen viable que los imputados puedan alterar ninguna prueba --otro motivo para la prisión provisional--, ya que han pasado más de cinco años desde los hechos, ya hay sentencia dictada y en el recurso de casación no se admiten nuevas pruebas.
En el caso de Toro Castro, su abogada, Teresa Suárez, apuntó que su cliente está cumpliendo condena y que tiene dictada prisión preventiva por otra causa (11-M). También rechaza el riesgo de reiteración delictiva, ya que el imputado tenía un negocio de compra-venta de vehículos antes de ser detenido. No se le conoce ingreso extra como para pensar en una fuga, según la letrada.
Además, el arraigo familiar quedó demostrado, a su juicio, durante el proceso, por la relación con su madre y su hermana. Después de la vista, Suárez dijo confiar en que esta petición no salga adelante.
Otro de los abogados, Ricardo González, señaló que su cliente siempre ha acudido puntualmente a las citas del juzgado y cuando ha sido requerido, además de comparecer a todas las sesiones del juicio.
Asimismo, señaló que está empadronado en el mismo domicilio desde hace años y que en la actualidad está pendiente de que le reconozcan la incapacidad absoluta permanente, por lo que no es lógico que piense en fugarse. Además, su hijo estudia en un colegio asturiano desde hace años, por lo que existe arraigo familiar. También aseguró que, en su caso, sí concurre la toxicomanía, de la que se está tratando.
Este mismo razonamiento de tratamiento de desintoxicación fue esgrimido por la letrada de otro imputado, D.G.D.. La abogada dijo que la entrada en prisión de su cliente le causaría "daños irreparables". Actualmente, está trabajando.
Otro abogado indicó que la vida de su defendido, si iba a la cárcel antes de que la sentencia sea firme, "peligraría", al haber sido amenazado. Su defendido, F.J.A.S., trabaja como vigilante privado desde hace 4 años en la misma empresa, aunque ahora está de baja por depresión. "Le sería imposible recuperar su trabajo", dijo el letrado.
Por su lado, el abogado del supuesto narco gallego, M.B.M., señaló que su defendido había depositado una fianza de más de 60.000 euros, para lo cual hubo que hipotecar la casa de su madre. El letrado, Ricardo Álvarez Buylla ironizó con que si se fuga el acusado, "su madre va a vivir debajo del puente de la Argañosa". "A una madre yo creo que no se le podría hacer eso", manifestó. Por ello, no cree que haya riesgo de fuga.
Por su parte, el abogado del policía de San Martín del Rey Aurelio señaló que la petición de prisión provisional obedece "al voluntarismo del fiscal" y que la sentencia no es firme, ya que su cliente presentó un recurso.
