BILBAO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
Podemos Euskadi y Navarra han solicitado el acercamiento de presos de ETA, la eliminación de cualquier elemento de excepcionalidad, así como el traspaso de las competencias en materia penitenciaria, entre otras cuestiones.
En un comunicado conjunto, Podemos Euskadi y Navarra han instado además a "las personas presas" a "seguir avanzando en el rechazo de la violencia, reconociendo lo injusto del daño causado desde la revisión crítica del pasado".
Tras indicar que el camino de la "reconstrucción del tejido social y de un marco estable de paz" se encuentra jalonado por muchos y variados "obstáculos", Podemos valora que en algunos casos, como en el reconocimiento de todas las víctimas y del daño causado, "se han dado pasos, aunque aún siguen faltando muchos otros".
"Lamentablemente, con las personas privadas de libertad no se ha avanzado. A pesar de que todas estas cuestiones tienen nexos en común, unos avances no deben condicionarse a otros. Todos deben darse guiados por la defensa radical de todos los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas", han afirmado.
De este modo, Podemos Euskadi y Podemos Navarra dicen abordar la situación de los presos "desde una perspectiva integral de derechos humanos que, entre otras cuestiones, plantea el acercamiento a su lugar de origen o de residencia de sus familiares, asegurarles un trato humanitario, así como avanzar en políticas de justicia restaurativa que faciliten la reinserción social".
ORIENTACIÓN "VENGATIVA"
A su juicio, la orientación "vengativa" de la política penitenciaria "rige desde hace demasiado tiempo, estando sometida a la excepcionalidad legal, a su uso con fines políticos y a la discrecionalidad".
"El alejamiento supone una pena añadida a la condena y un castigo cruel e injusto a las familias de las personas presas, el cumplimiento íntegro de penas contraviene el principio de reinserción social y el trato que reciben las personas presas con enfermedades graves o incurables está lejos de ser humanitario", han indicado.
Según han denunciado, incluso los presos acogidos a las políticas de justicia restaurativa, que han apostado por el reconocimiento del daño, el arrepentimiento y han pedido perdón a las víctimas, "están teniendo graves dificultades para acceder a los derechos penitenciarios que legalmente les corresponden". "Estas políticas eran inaceptables cuando ETA mataba y más aún si cabe hoy que ya no lo hace", ha añadido.
Por todo ello, han exigido al Gobierno central que modifique la actual política penitenciaria promoviendo el acercamiento de las personas privadas de libertad a su lugar de origen o de arraigo social, así como un trato humanitario conforme a los "más exigentes estándares internacionales, especialmente en el caso de las personas presas con enfermedades graves o incurables", así como acabar con el régimen de aislamiento prolongado.
También piden la valoración de la situación penitenciaria de las personas presas por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria de Euskadi y Navarra, "eliminando cualquier elemento de excepcionalidad al respecto". "Así como el traspaso a los Gobiernos vasco y navarro de las competencias en materia penitenciaria, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Gernika y en la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra", han solicitado.
También han reclamado la progresión de grados y el acceso a beneficios penitenciarios "en igualdad de condiciones que el resto de la población penitenciaria, y la aplicación de los criterios señalados por el TEDH en lo que respecta al cómputo de penas, considerando tanto las del Estado español como las del francés".
PRESOS
Asimismo, han instado a "las personas presas" a "seguir avanzando en el rechazo de la violencia, reconociendo lo injusto del daño causado desde la revisión crítica del pasado".
"El arrepentimiento no supone ninguna renuncia a los objetivos políticos, sí a unos medios totalmente equivocados e injustificados. Es evidente que ese arrepentimiento sólo puede nacer de una sincera voluntariedad, y que la reinserción social es un derecho, no un deber, pero no es menos cierto que una amplia mayoría de nuestra sociedad se lo está demandando", han añadido.
Por último, han destacado que las políticas de justicia restaurativa son una "buena oportunidad" para la reparación del daño causado a las víctimas y para "consolidar la paz y la convivencia". "Esa revisión del pasado, esa deslegitimación del uso de la violencia es la mejor garantía de no repetición en un futuro", han finalizado.
