MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
Dos de los inspectores que formaban parte del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional encargado de la investigación contra una supuesta red afincada en Marbella (Málaga), acusada de un delito de blanqueo de capitales, aseguraron hoy que la oficina de cambio de divisas presuntamente utilizada para "lavar" dinero negro, registrada a nombre de uno de los acusados, hacía cambios "desorbitados" y en las épocas del año menos habituales.
La Audiencia Provincial de Málaga acogió hoy una nueva sesión del juicio contra los supuestos integrantes de esta red dedicada presuntamente a facilitar a personas extranjeras, principalmente narcotraficantes, la posibilidad de convertir las divisas obtenidas de forma ilícita a través de dicha oficina, de un rent a car y de otras empresas, según Fiscalía, quien sostiene que el grupo cambió en total 62 millones de euros, sobre todo libras esterlinas.
Así, uno de los investigadores declaró que esta cantidad no es normal "para nada" según la media de otros establecimientos de la Costa del sol e incidió en que los cambios eran "desproporcionados". Además, precisó que estas operaciones se concentraban sobre todo en épocas invernales "lo que es normal en agencias que cambian para organizaciones", aseverando que "no había correlación" entre más clientes, "normalmente en verano", y más cambios.
Asimismo, dudó de que los bancos les obligaran a fraccionar los ingresos, como declaró el principal acusado, pues estas entidades bancarias suelen informar al Servicio de Blanqueo del Banco de España cuando se produce transacciones de esta forma. También explicó que normalmente los vendedores de hachís del norte de África "no quieren libras", por lo que los compradores que tienen esta moneda tienen que cambiarla.
Ambos inspectores manifestaron que el movimiento de personas en la agencia de cambio era "reducido, casi nulo". Además, explicaron la forma en la que se realizó la instrucción del caso y defendieron que hubo contactos permanentes con la juez encargada de la investigación, a la que se le dio cuenta "de todo" lo que iban avanzando las diligencias, iniciadas en la Fiscalía.
En la primera sesión del juicio, los abogados defensores pidieron la nulidad de las intervenciones telefónicas por "ausencia" de control judicial y falta de motivación de los autos por los que se acordaron dichas escuchas. Criticaron que las diligencias comenzaron por "simples sospechas" y con una investigación "en pañales" y hablaron también de "falta de concreción" de los oficios policiales.
Según el escrito inicial de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados, algunos extranjeros, formaban una organización "perfectamente estructurada", unida por vínculos familiares o de amistad y dependencia, pero sobre todo "unida por la finalidad de obtener dinero fácil". El grupo, según se explica, se dedicaba al blanqueo en la fase conocida como "de colocación del dinero".
Los distintos informes policiales en los que se basa la causa se elaboraron a través de las intervenciones telefónicas, de las vigilancias policiales y de los datos de incrementos patrimoniales de los principales acusados.