El PP acusa al PSOE de hacer "trampas" con la condonación de su deuda y sugiere "corrupción pura y dura"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que la condonación de intereses en los créditos que el PSOE y el PSC mantienen con entidades financieras supone "hacer trampas en la democracia" e incluso podría hablarse de "corrupción pura y dura", por lo que defendió que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, comparezca ante el Parlamento para explicar su criterio al respecto.

La iniciativa del Grupo Popular fue rechazada por la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas ya que el PSOE argumentó que la institución fiscalizadora ya ha dictaminado sobre estas operaciones dejando claro que, si bien no están recogidas expresamente en la legislación, no implican responsabilidad contable.

75 MILLONES DE DEUDA.

Las Cortes debatieron este mediodía en el Congreso el último informe del Tribunal de Cuentas sobre partidos políticos, relativo a 2004, en el que se cifra la deuda del PSOE en 62,71 millones de euros y la del PSC en 11,9 millones, lo que hace un montante global de 74,5 millones.

En dicho informe se indica además que el PSOE no contabiliza los intereses vencidos en 1988 y 1990 y no pagados, a expensas de un acuerdo en la negociación con las entidades de crédito otorgantes. Igualmente, se señala que el PSC suscribió un acuerdo con su entidad de crédito acreedora para renegociar una deuda suscrita en 1989 y vencida desde 1994 por importe de 7,81 millones más intereses ordinarios y de demora.

Se trata de una operación concertada con La Caixa, que en su día ya fue muy criticada por el PP porque, cuando salió a la luz, el primer secretario del PSC, José Montilla, era el ministro de Industria, que 'lidiaba' con la OPA que Gas Natural, participada por la entidad catalana, había lanzado sobre Endesa.

OPERACIONES NO REGULADAS EXPRESAMENTE.

"La condonación de intereses supone una correlativa disminución de la deuda del partido con la entidad de crédito y, en consecuencia, una mayor disponibilidad de recursos, situación no regulada expresamente en la Ley de Financiación de Partidos de 1987", recordaba entonces el Tribunal.

Aprovechando este debate, el PP defendió una propuesta de resolución para que el presidente de la institución aclare ante las Cortes si esas operaciones de condonación de intereses están amparados por la ley vigente, que en su disposición transitoria segunda establece que los acuerdos de renegociación deben ser "los admitidos según los usos y costumbres del tráfico mercantil habitual entre las partes".

Según el ponente del Grupo Popular, Jaime Ignacio Del Burgo, "recurrir al endeudamiento y luego conseguir la condonación es hacer trampas en democracia". A su juicio, los intereses perdonados suponen, en la práctica, una fuente de financiación para los partidos con la que "se premia el despilfarro".

Agregó que, cuando el partido que obtiene la condonación de intereses estén en el Gobierno, en este caso el PSOE y el PSC, se puede hablar de "corrupción pura y dura", ya que las entidades financieras no otorgan esos beneficios a los ciudadanos particulares.

Por contra, el socialista Francesc Vallès argumentó que la propuesta del PP es "sorprendente" porque, según dijo, el Tribunal de Cuentas ya ha dejado claro en sus informes que esas operaciones no son ilegales, pues sólo habla de aportaciones extraordinarias "no reguladas expresamente por la ley", de las que no se deducen indicios de delito ni responsabilidades contables.

EL PP CAMBIARÁ LA LEY.

La comparecencia pedida por el PP fue rechazada pero, en cualquier caso, Del Burgo ya anunció que, cuando los 'populares' cuenten con mayoría suficiente, modificarán la ley de financiación de partidos en lo relativo a las condonaciones de deuda y obligarán a examinar la contabilidad de las organizaciones locales de los partidos políticos.

Lo que sí se aprobó fue una iniciativa del PSOE para que el Tribunal de Cuentas, en sus próximos informes, distinga entre lo que es deuda hipotecaria y lo que es deuda ordinaria de los partidos políticos. Su objetivo es aclarar las cifras de la entidad fiscalizadora y evitar nuevas polémicas, pues, según precisó Vallès, la mayor parte de la deuda de los socialistas es hipotecaria, lo que garantiza poder hacer frente a sus compromisos.

En la Comisión Mixta se votaron además dos propuestas del BNG, apoyadas por el PP pero rechazadas por el PSOE, para reformar la Ley de Bases de Régimen Local con el fin de regular la financiación que reciben los grupos políticos municipales, cuestionada por el Tribunal de Cuentas. Se registraron tres empates y la iniciativa quedó pendiente de informe de los letrados por si se pondera el voto de los diputados y senadores que representan los asistentes a la comisión.