MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, José Miguel Castillo Calvín, ha mostrado su apoyo a la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno ya que en su opinión "se adecuan las medidas penales a las conductas delictivas del siglo XXI"·
Castillo Calvín ha justificado la reforma por "la necesidad de fortalecer la confianza en la Justicia", y ha subrayado que "supone un paso hacia delante por parte del Gobierno, pues permitirá ofrecer respuestas más eficaces a las nuevas formas de criminalidad y castigar conductas que hasta ahora quedaban impunes"
En un comunicado, el diputado popular explica que la reforma lleva a cabo una profunda revisión del sistema de consecuencias penales y "responde a un estudio minucioso de las carencias y necesidades del Código actual".
En este sentido señala que "sobre la base de este estudio, el Ministerio de Justicia propone reformar aquellas medidas penales que han demostrado ser poco efectivas, e incluir otras que den respuesta a nuevos hechos delictivos".
Para el portavoz popular, entre las principales novedades del texto destaca la figura de la "prisión permanente revisable" en supuestos de excepcional gravedad. También profundiza en la imposición de medidas de seguridad que inició la Ley Orgánica 5/2010 con los delincuentes sexuales, de forma que la libertad vigilada podrá aplicarse a más delitos en función de la peligrosidad del reo.
Así, por primera vez se establece un sistema que, por un lado castiga el hecho cometido, pero que además permitirá adoptar una medida de seguridad que proteja a la sociedad de la peligrosidad del sujeto. "Y será delito cualquier acto sexual con menores de dieciséis años, salvo que exista proximidad de edad o de madurez, y se castigará a los clientes españoles de prostitución infantil aunque cometan el delito en el extranjero", aseveró.
Asimismo, explicó que la reforma también ahonda en la protección de la mujer mediante la introducción de nuevas figuras delictivas, como el delito de matrimonio forzado, el de acoso u hostigamiento, la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, y la alteración de los dispositivos telemáticos para controlar medidas cautelares.
