MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular considera que hay "decenas" de pruebas para ilegalizar Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vasca (PCTV), así como para proceder a la disolución de los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que gobierna la primera. Así se recoge en la proposición no de ley que el partido de Mariano Rajoy ha registrado en el Congreso esta mañana para su debate en el Pleno.
En la exposición de motivos, el PP repasa actuaciones de miembros de ANV antes y después de las elecciones de mayo que, a su juicio, están incluidas entre las previstas en la Ley Orgánica de Partidos Políticos como motivos de ilegalización. "La acumulación de indicios y pruebas comienza ya a ser más que evidente", recalca.
En primer lugar, recuerda que durante la campaña electoral los dirigentes de Batasuna --Arnaldo Otegi y Pernando Barrena-- pidieron "expresamente" el voto para ANV, circunstancia "que no fue tenida en cuenta por el Gobierno". Además, señala que también se obvió que "uno de los candidatos de ANV a las Juntas de Alava fuese detenido por tratar de boicotear violentamente actos electorales durante la campaña".
Tampoco se tomó en consideración, añade, que los responsables de ANV habían sido miembros de la Mesa Nacional de HB. "Existen vínculos con Batasuna de personas que figuraban en las listas presentadas por ANV, que no fueron anuladas por no haber sido impugnadas por quien podía hacerlo en el momento oportuno, es decir, el Gobierno a través de la Fiscalía General del Estado", indica.
TRAS TOMAR POSESION DE SUS CARGOS
Igualmente, enumera otras actuaciones una vez que los electos de ANV tomaron posesión de sus cargos que, para el PP, son motivos de ilegalización. En este sentido, asegura que ANV fue el único partido político que en el mes de junio se negó a condenar el comunicado de fin de la tregua de ETA y el anuncio de la vuelta plena de su actividad criminal.
En estos meses, prosigue el texto, ETA ha llevado a cabo varios atentados, entre ellos dos coches bomba en Durango y Castellón, ha continuado con la extorsión a empresarios, y ha perpetrado un secuestro de una familia completa, entre la que se encontraba un menor. "A pesar de ello, en ninguno de los casos ha habido ninguna muestra de repulsa por parte de los representantes de ANV ni tampoco de los del PCTV", resalta.
Para el PP, estos hechos estas tipificados en el artículo 9 de la Ley de Partidos porque suponen "una justificación o exculpación de atentados contra la vida o la integridad de las personas, una legitimación de la violencia como método para la consecución de objetivos políticos" y "un apoyo cuando menos tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos".
Es más, indica que en los municipios donde gobierna ANV ya se ha empezado a "financiar organizaciones de apoyo a los presos de ETA, y se han llevado a cabo, o se ha intentado al menos, homenajes a determinados terroristas de ETA, como en los casos de Hernani y Elorrio", incurriendo por tanto en otra de las conductas prevista en el artículo 9.
También recalca que ayuntamientos gobernados por ANV como el de Mondragón" han secundado expresamente la campaña de ETA contra la infraestructura conocida como 'Y Vasca'" y destaca que tampoco ha habido ninguna condena a los actos de terrorismo callejero. En ninguno de los ayuntamientos gobernados por esa formación, agrega, se cumple la normativa en materia de símbolos y ondea la bandera española. Y recuerda que miembros de ANV "colocaron una fotografía de una etarra en el ayuntamiento de Lizarza antes de que se constituyese".
"No se trata, en consecuencia, de una mera negativa a condenar la violencia, sino de la acumulación de una serie de actividades que son más que suficientes para iniciar el procedimiento de ilegalización de ANV --reza la proposición del PP--. Son decenas, pues, las pruebas que relacionan a ANV con la estrategia de ETA y Batasuna y se hace necesario proceder de inmediato a la ilegalización de dicho partido".
GESTION GRAVEMENTE DAÑOSA
Eso sí, el PP admite que la ilegalización "sería vacía e insuficiente si no va acompañada de la disolución de las corporaciones donde gobierna. En su opinión, se trata de una circunstancia que se encuentra expresamente prevista por el ordenamiento jurídico, que faculta la disolución de las corporaciones locales que lleven a cabo actuaciones de apoyo al terrorismo.
En concreto, señala que esa posibilidad se halla explícitamente contemplada en el artículo 61 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, para aquellas corporaciones que hayan llevado a cabo una gestión "gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".
Entre esas actuaciones gravemente dañosas figura la de dar "cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares". Según el Grupo Popular, "resulta evidente que en estos supuestos han incurrido los ayuntamientos gobernados por ANV".
Por ello, insta al Gobierno a iniciar el procedimiento previsto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que permite proceder a la disolución de los Ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca, o cualquier otra iniciativa que conduzca a resultados análogos.
Igualmente, le emplaza a solicitar la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, en los términos previstos por el artículo 11 de la Ley de Partidos Políticos. "Hemos de recordar, en fin, que para lograr la derrota del terrorismo es imprescindible utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho", concluye la proposición del PP.
