El PP garantiza al Consejo de Europa que la norma contará con todos los estándares jurídicos

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Interior del PP en el Congreso, Conrado Escobar, ha garantizado este miércoles al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, que la Ley de Seguridad en la que trabaja el Gobierno contará "con los estándares jurídicos más avanzados de toda Europa".

Así lo ha puesto de manifiesto Escobar en declaraciones a Europa Press a propósito de las críticas vertidas contra la futura norma por el citado comisario europeo y sobre las que el ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, ya ha pedido a Muiznieks que respete a España.

A este respecto, el diputado 'popular' ha abundado en que las críticas son "siempre una oportunidad para mejorar las leyes", si bien ha apuntado que el Ejecutivo tiene la "certeza" de que el trabajo que se ha realizado en torno a esa Ley se ha hecho "con todas las garantías legales".

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De hecho, Escobar ha puesto de relieve que la norma que impulsa el Ministerio del Interior recoge "toda la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos y también la del Tribunal Constitucional" en esta materia.

"Nosotros no caemos en la autocomplacencia y la ley comienza ahora una andadura de filtros legales, y todas las sugerencias que haya al respecto bienvenidas serán porque si mejoran el texto, nos va a acercar el objetivo que persigue: garantizar los derechos y libertades de los españoles", ha dicho.

El 'popular' riojano considera que este tipo de críticas forman parte de una relación que tiene que ser "normal" porque cada organismo "procura ajustarse" a los ámbitos de su competencia, pero ha insistido en que una vez que el texto pase por todos los canales y filtros legales a nivel interno, la futura ley contará "con los estándares jurídicos más avanzados de toda Europa".

Escobar ha defendido que la Ley de Seguridad, que "destierra" algunas normas de la época franquista, es un texto "de vanguardia" en la protección de los derechos fundamentales, que tiene como propósito "reducir" las conductas violentas, asegurar "al máximo" los niveles de convivencia y libertad, y dar garantías al manifestante a que pueda ejercer su "legítimo y saludable" derecho.