LLevará propuestas sobre 'deuda histórica', regeneración democrática, pacto local y defensa de los intereses de Andalucía en la UE
SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP-A propondrá mañana en la reunión entre los partidos sobre la oferta de pactos, acerca de cinco materias, del presidente de la Junta, Manuel Chaves, que se intente alcanzar acuerdos sobre un total de nueve temas, donde se incluye la no coincidencia de las elecciones andaluzas con otros comicios y la limitación de mandatos para el jefe del Ejecutivo a ocho años.
Además de acuerdos en inmigración, Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Ley de Dependencia, agua y educación, propuestos por Chaves, el PP quiere que también se discuta y se busque el consenso sobre 'deuda histórica', Pacto Local, regeneración democrática y defensa de los intereses de Andalucía en la Unión Europea.
Según se recoge en el documento que el PP-A ha elaborado con los contenidos para la reunión de mañana, al que tuvo acceso Europa Press, su propuesta sobre la 'deuda histórica' consiste en lograr que sea abonada en el plazo de un año, a partir de la aprobación definitiva del nuevo Estatuto, partiendo como mínimo para su cuantificación "de la cifra que el Parlamento estimó en su día de 1.148 millones, así como de los correspondientes pagos a cuenta consignados en los sucesivos Presupuestos andaluces desde 1997 hasta 2006, a razón de 120,20 millones".
Los populares quieren además que se constituya un Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Deuda Histórica dentro de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento, que tenga información directa e inmediata del Ejecutivo andaluz de cuantos pasos se vayan dando en aras a hacer efectivo su pago.
También planteará un paquete de medidas en materia de regeneración democrática, como el compromiso de que las elecciones andaluzas no vuelvan a coincidir con ningún otros comicio; la limitación a 8 años de mandato para el presidente de la Junta; que se garantice la observancia del Pacto Antitransfuguismo con un compromiso individual ante notario de los máximos dirigentes de los partidos para que no repita ningún cargo electo tránsfuga; un pacto "de no discriminación de alcaldes", con "criterios objetivos y no sectarios en la financiación"de ayuntamientos", y la transparencia entre el poder ejecutivo y el legislativo, con mecanismos que obliguen a la Junta a dar respuesta rápida y adecuada a las solicitudes de información de diputados.
Para los populares también son fundamentales cambios legales para que los directivos de las empresas públicas, sobre todo de la RTVA, no puedan contratar con las mismas hasta 10 años después de su salida; que los medios públicos de comunicación se adscribirán al Parlamento y que haya pluralidad de medios de comunicación en todos los centros públicos de la Junta.
Respecto a la modificación de la Ley de la RTVA, el PP considera que debe pasar por establecer mecanismos que garanticen eficazmente el respeto al pluralismo político, social y cultural de la comunidad en la cadena; la ampliación de las competencias del consejo de administración del ente en materia de control y fiscalización, especialmente en el ámbito económico y de contratación, y por la elaboración de un Plan Estratégico de la empresa que afronte de manera global y definitiva "un modelo viable y sostenible" de la televisión y radio públicas, mientras que no hace mención a la elección del director general por los dos tercios del Parlamento en lugar de tres quintos.
En cuanto al Pacto Local y segunda descentralización, el PP planteará consensuar la Ley que regule la transferencia y delegación de competencias a los ayuntamientos, "que deberá presentarse en el Parlamento en el plazo de tres meses desde la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía". Demanda que esa descentralización vaya acompañada de los suficientes recursos financieros y que además se cree, por ley, un Fondo de Cooperación Municipal, "dotado de reglas objetivas y solidarias de reparto entre las distintas corporaciones locales". El PP demandará además un calendario de pago de las deudas que mantiene la Junta con las corporaciones.
Sobre la educación, el PP propondrá que se equilibren los "déficits históricos" y se compensen "las desigualdades educativas que nos separan del resto de Europa", con un gasto público que llegue al siete por ciento del PIB andaluz; que se impulse un Plan de Calidad del sistema educativo andaluz para abordar las carencias ( una red de centros moderna, reducción de las ratios, implantación del plurilingüismo en todos los centros y un plan especial de lucha contra el fracaso escolar); el reconocimiento para las familias del derecho básico a que sus hijos "reciban una formación de calidad y la elección del centro educativo que desean para ellos".
También reclamará, entre otras medidas, el establecimiento de una rigurosa reglamentación de la convivencia en los centros escolares, "exigente en responsabilidad y estrictamente punitiva de los comportamientos indisciplinados y violentos"; la dignificación del profesorado en su situación económica, y la reducción de docentes interinos.
Para el PP, un acuerdo sobre la Ley estatal de Dependencia pasaría por medidas como financiación suficiente para la aplicación de la norma y por el proceso de descentralización formal hacia los Ayuntamientos de competencias en esta materia y de la financiación correspondiente, además de un Plan de Formación para la Atención a la Dependencia, como norma generadora de empleo.
NO A LAS REGULACIONES MASIVAS
El acuerdo en materia de inmigración, según el PP, debe suponer impedir por ley los procesos de regularización masiva; por la creación de la Consejería de Inmigración y Cooperación; por el establecimiento de un Fondo Especial para los ayuntamientos con alta concentración de población inmigrante pra garantizar la calidad de los servicios, con una dotación extraordinaria de 300 millones a cinco años, y por la creación de varios centros de atención para menores, según algunas de las cien medidas de los populares para resolver este asunto.
En cuanto al tema del agua, entre otras actuaciones, la delegación popular defenderá un pacto en defensa de este bien y pedirá que la Junta reclame al Gobierno Central los 4.155 millones "que se habían consignado" por el anterior Gobierno Central para Andalucía mediante el Plan Hidrológico Nacional, incluyendo el trasvase del Ebro previsto para la provincia de Almería y garantizando la suficiencia de las cuencas excedentarias, así como la firma de un acuerdo local por el agua, "donde se garantice la participación de todas las corporaciones locales, sin distinción de siglas políticas, que desde el más profundo reconocimiento a su autonomía local, suponga un compromiso firme y definitivo para garantizar la Calidad del Agua en la gestión diaria municipal de la misma".
En materia de defensa de los intereses de Andalucía en Europa, el PP quiere que se aborde un Plan de Desarrollo para la comunidad en el contexto del Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013 con el consenso entre partidos, administraciones implicadas y los agentes económicos y sociales; que se cree un Grupo de Seguimiento de los Fondos Comunitarios "para velar por su máximo aprovechamiento", con presencia de miembros del Ejecutivo, Parlamento y Cámara de Cuentas, que emita un informe anual sobre la evolución y ejecución, y que se busque una posición común de defensa de los intereses andaluces en las diferentes negociaciones de la OCMs que afecten al campo andaluz, como el caso del algodón, entre otras medidas.
