MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP sometará el próximo martes a votación en el Congreso una iniciativa exigiendo que el Gobierno adopte las medidas oportunas para erradicar la situación de "marginalidad" que, a su juicio, sufre el castellano en algunas comunidades autónomas.
Así se recoge en la moción consecuencia de interpelación urgente que la portavoz de Cultura del PP en el Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones, formuló el miércoles de la pasada semana al ministro de Cultura, César Antonio Molina.
VOZ DE ALARMA.
En aquel debate, Rodríguez-Salmones constató que, aunque el castellano "no corre peligro", se hace preciso levantar "la voz de alarma" ante algunas situaciones que se están viviendo en algunas comunidades en los ámbitos educativo y cultural.
Frente a esto, el titular de Cultura defendió que existe "normalidad" en su convivencia con las lenguas cooficiales y que el Gobierno confía en solucionar los conflictos que pudieran darse en este sentido.
En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP insta al Gobierno a garantizar la libertad y el derecho a usar el castellano en todos los ámbitos de la vida pública, en particular en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales.
BILINGÜISMO "EQUILIBRADO E INTEGRADOR".
Asimismo, los 'populares' inciden en la necesidad de asegurar que en todas las etapas educativas se pueda impartir la enseñanza en lengua castellana en el marco de un bilingüismo "equilibrado e integrador".
A este respecto, el PP propone que la lengua castellana y su literatura, así como la lengua y literatura de la lengua cooficial, tengan un tratamiento propio y el horario necesario para que los escolares, al finalizar la enseñanza básica, las comprendan y se puedan expresar en cada una de ellas con corrección.
Además, los 'populares' solicitan al Gobierno la elaboración de un informe sobre las medidas que adoptará para garantizar el uso del castellano para su debate en el Congreso y en el que pide que se incluyan las propuestas que en este sentido han realizado la Alta Inspección de Educación, el Defensor del Pueblo y Foro para la Integración Social de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
