El PP rechaza en el Congreso adelantar el fin del privilegio judicial de que los políticos puedan declarar por escrito

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha tumbado una iniciativa de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que daba un plazo al Gobierno para suprimir cuanto antes el "privilegio" del que gozan los Reyes y el Príncipe de no testificar ante la Justicia, y del que disfrutan varios cargos públicos de declarar desde el despacho o por escrito en vez de hacerlo en sede judicial.

La proposición no de ley, que fijaba un periodo de tres meses para aprobar medidas legislativas tendentes a suprimir este hecho, ha sido rechazada por 21 votos en contra, tres votos a favor y 16 abstenciones. El PP ha votado en contra, mientras que CiU, PNV y PSOE se han abstenido.

En el debate, la líder de la formación magenta, Rosa Díez, ha afirmado que son privilegios en la medida en que no se extienden a todos los ciudadanos y que además son "anomalías" incomparables a la del resto de países europeos. Ha citado el caso de Francia donde todos deben declarar en sede judicial o de Italia o Alemania, donde son muy pocos los cargos dispensados de ir al juzgado.

UN ANACRONISMO

Tanto el PNV como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han calificado como un "anacronismo" que varios cargos puedan declarar por escrito o en su despacho y no en el juzgado. El diputado vasco Emilio Olabarria ha conminado a Justicia a presentar "de una santa vez" la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Desde el PSOE, la diputada Isabel Rodríguez ha dicho no tener problemas en "profundizar" sobre la propuesta de UPyD y ha recordado que el anterior Gobierno socialista ya hizo sugerencias en este sentido, aunque, eso sí, ha afirmado que debe ser estudiado desde la "reflexión y el sosiego" en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la que "seguimos sin saber noticias".

El PP, por boca del diputado Leopoldo Barreda, ha calificado la iniciativa de UPyD como un "parche" que se "apropia" de una idea que fue anunciada antes por el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que se incorporará a la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La formación que lidera Rosa Díez considera que el hecho de que determinadas personas, al ser citadas como testigo, queden "exentas de declarar o de hacerlo en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos", es "claramente contrario al principio de igualdad ante la ley" contenido en el artículo 14 de la Constitución, así como al "deber de colaborar con la Justicia" que rige para todas las personas que viven en España, con independencia de su nacionalidad.

En su iniciativa, que recoge Europa Press, UPyD recuerda que el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que todos los residentes en territorio español "que no estén impedidos" tienen la obligación de "concurrir al llamamiento judicial" para testificar y de hacerlo para "declarar cuanto supieren de lo que les fuere preguntado".

"Sin embargo, ciertas personas están por Ley exentas de ambas obligaciones o exclusivamente de concurrir ante el juez en razón del cargo público que ocupan o han ocupado", apuntan. De hecho, señala que ya la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 eximió de la obligación de declarar a determinadas autoridades como el Rey, su consorte, el Príncipe Heredero y el Regente del Reino y permitió a otras autoridades declarar por escrito.

Con la reforma de esa ley, en 1991, estos privilegios se ampliaron a más autoridades y cargos públicos. Desde entonces, están exentas de la obligación de comparecer al llamamiento del juez y de prestar declaración el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino. El resto de Familia Real, incluyendo las infantas Cristina y Elena, está exenta de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito.

Tampoco tienen por qué declarar en todos los casos los agentes diplomáticos acreditados en España, y en algunos, el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares.

PRESIDENTES Y EXPRESIDENTES DE VARIOS ÓRGANOS

Una larga lista de autoridades tienen opción de informar al juez por escrito "sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo", algo que, según UPyD, "rompe con el principio de inmediación y puede poner en peligro el éxito de la investigación".

Éste es el caso del presidente y los demás miembros del Gobierno así como los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, los presidentes de comunidades autónomas y el fiscal general del Estado. Si se trata de otros hechos, se les podrá tomar declaración en su domicilio o despacho oficial. El mismo derecho pueden acogerse quienes hayan ocupado esos puestos en el pasado.

Además, pueden prestar declaración en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros los diputados, los senadores, los magistrados del TC, los vocales del CGPJ, los fiscales de Sala del Supremo, el Defensor del Pueblo, las autoridades judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración, los presidentes de parlamentos autonómicos, el presidente y consejeros permanentes del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, los consejeros autonómicos, así como secretarios de Estado, subsecretarios y asimilados, los delegados del Gobierno y los delegados de Hacienda.

Por todo ello, UPyD pretendía que el Gobierno impulsara en tres meses las reformas necesarias para eliminar "las exenciones de autoridades y cargos públicos a la obligación de testificar y concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley", salvo que concurran los requisitos exigidos en los tratados internacionales de los que España sea parte y sin perjuicio de la obligación de guardar secreto en los casos legalmente previstos.

No es la primera vez que este asunto se debate en el Congreso pues UPyD ya pidió cuentas por este asunto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien se comprometió a revisar estos privilegios en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero como esta reforma está todavía en fase embrionaria, la formación magenta quiere adelantarlo.