MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró hoy una proposición no de ley en relación con las indemnizaciones por residencia que percibe el personal en activo del sector público estatal en las Islas Canarias y Baleares, para su debate en Comisión y en Pleno.
El PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a realizar las modificaciones normativas necesarias para que en un plazo "no superior a tres meses", la cantidad percibida en concepto de indemnización por residencia en las Islas Canarias no capitalinas, quede equiparada a lo que se percibe en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, "así como a que en las islas capitalinas se incremente en la misma cuantía que en las no capitalinas".
Asimismo, reclama la cobertura de todas las plazas vacantes de la Administración General del Estado en las Islas Canarias y Baleares, así como a la creación de nuevas plazas para atender a las nuevas necesidades derivadas del aumento poblacional y de la atención a la inmigración. "Estas modificaciones surtirán sus efectos para los empleados del sector público estatal con residencia en las Islas Baleares que quedarán equiparados a los de las Islas Canarias", agrega.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la exposición de motivos de la proposición, el PP recuerda que las particularidades de la función pública en determinados territorios del Estado (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla) ha determinado que históricamente se haya establecido una asignación "compensatoria" para aquellos empleados públicos que desarrollan una actividad en estos lugares.
En este sentido, apunta que la indemnización por residencia que se abona a los empleados públicos de la Administración General del Estado responde a la necesidad de compensar los múltiples factores "desfavorables" -coste de la vida, promoción profesional, servicios públicos que perciben o gastos de desplazamientos- que "acarrea la lejanía del resto del territorio del Estado, la insularidad y el aislamiento".
"En la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 62/2003, de 31 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se dispone que el Gobierno analizará durante 2004 las condiciones que determinan la fijación de las indemnizaciones por residencia de personal en activo del sector público estatal destinado a Ceuta, Melilla y Baleares, procediendo a su revisión y la consiguiente modificación de las cuantías con objeto de adaptarlas a la realidad actual, sin hacer referencia a Canarias", argumenta.
Por tanto, añade que Canarias no sólo comparte con Ceuta, Melilla y Baleares su condición de separación del territorio peninsular, sino que la lejanía es "superior", denominándose "ultraperiferia" en al artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam (1997), y también recogido en el Tratado de Constitución Europea (Artículo III-424), con un tratamiento diferenciado "en base a su lejanía e insularidad".
