MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP y el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos Salvador negocian en el Congreso un texto que reafirme la vigencia de la Constitución y el régimen foral de Navarra y plasme la necesidad de lealtad y cooperación entre el Estado y la comunidad autónoma, buscando fórmulas para encauzar los conflictos abiertos entre ambas instituciones.
El Pleno de la Cámara Baja ha acogido este miércoles el debate de la moción presentada por Salvador consecuencia de la interpelación que la pasada semana debatió con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante la cual escenificaron un acuerdo y la voluntad de acercar posiciones.
Este miércoles, el diputado de UPN ha pedido al Congreso que vote a favor de un texto que reafirma la singularidad foral navarra, apunta la necesidad de reducir la actual conflictividad entre el Estado y las instituciones de la comunidad autónoma y pide respeto al Convenio Económico.
Salvador ha explicado que con esta iniciativa, para la que busca un acuerdo con el PP en la votación que tendrá lugar este jueves, no pretende "avivar" discrepancias ni "sobreactuar", sino "ayudar a reconducir unas relaciones" que ha reconocido que "pecan de un grave déficit de comunicación y comprensión".
También el diputado del PP José Cruz Pérez Lapazarán ha celebrado la oportunidad para "serenar el clima de confrontación" entre el Estado y las instituciones navarras y, aunque ha reconocido que "nadie duda" de la vigencia de la Constitución, ha reconocido que "lo que abunda no daña".
"El fuero es un factor esencial para la integración de Navarra en España. Queremos transmitir esa singularidad de ser españoles y contribuir a serenar clima político existente", ha justificado el diputado 'popular'.
Ambos han coincidido además en acusar a los partidos de la oposición en el Parlamento navarro de generar "intencionadamente" conflictos con el Estado, que a su juicio ha provocado la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional numerosas iniciativas aprobadas por la Cámara foral.
SITUACIÓN DE CRISIS ABSOLUTA
Por su parte, el diputado socialista Juan Moscoso ha acusado a PP y UPN de sortear en esta moción el conflicto más importante actualmente entre el Estado y Navarra, como es la devolución del IVA de Volkswagen, y actuar como si la situación de conflictividad entre ambas instituciones "nada tuviera que ver" con ambas formaciones.
"Hay un Gobierno de UPN en Navarra y del PP en Madrid y actúan como si nada tuviera que ver con ustedes la situación de crisis absoluta de Navarra, desacuerdo profundo y desastre a la hora de gestionar la relación", ha reprochado.
Moscoso ha acusado a ambos ejecutivos de tener "nula capacidad de negociación" y ha pedido un acuerdo político que garantice la retirada de los recursos presentados por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y "un pacto de lealtad, cooperación y reciprocidad".
La iniciativa ha recibido también el rechazo de los diputados navarros de Amaiur y Geroa Bai. El diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha acusado al Gobierno de atacar "semanalmente" a las instituciones navarras mientras que la diputada Uxue Barcos ha llamado al Gobierno navarro y el central a resolver la "grave situación" surgida entre ambos.
También desde el PNV, el diputado Pedro Azpiazu ha rechazado la moción por considerarla mera "soflama política" con un contenido "gratuito e innecesario". "Es innecesario e incomprensible más allá de obtener unos cuantos aplausos de la bancada popular", ha advertido después de que la diputada de CiU Montserrat Surroca hubiese adelantado la negativa de su grupo a participar en esta "escenificación" de acuerdo entre PP y UPN.
Mientras, desde Izquierda Plural, su diputada Ascensión de las Heras ha acusado a UPN de ser "socio" en sus "ataques" a los ciudadanos y ha exigido al Gobierno que retire los recursos presentados a las leyes aprobadas por el Parlamento navarro y garantice su "respeto y lealtad" al autogobierno foral.
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) tampoco apoyará la iniciativa, pero en su caso porque cree que la comunidad goza de un "privilegio" frente al resto con el Convenio y, en particular, con el conflicto sobre el IVA de Volkswagen.
