VALLADOLID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, planteó hoy la posibilidad de designar a un 'mediador-intermediario' con el fin de alcanzar un acuerdo definitivo entre el Ministerio de Justicia y los representantes sindicales que conduzca a la desconvocatoria de la huelga que los funcionarios mantienen desde el pasado día 4 de febrero.
Ante la posibilidad de que la huelga no quedara finalmente desconvocada, algo que está a expensas de lo que mañana decidan los funcionarios en sus respectivas asambleas, donde habrán de decidir si ratifican o no el principio de acuerdo alcanzado entre el Ministerio y los sindicatos, Trebolle se mostró partidario de instaurar la figura del 'mediador-intermediario' que pudiera ser desempeñada por alguien cuya actividad profesional sea "limítrofe" a la Administración de Justicia.
Y es que el magistrado, en declaraciones recogidas por Europa Press, expresó su incredulidad ante la persistencia de una huelga durante tantos meses que afecta a un "servicio público tan importante", de ahí que ante la incapacidad de los interlocutores para ponerse de acuerdo reiterara la necesidad de contar con alguien que desbloquee la situación.
En esta misma línea se posicionó el decano de los abogados de Valladolid, Enrique Sanz Fernández-Lomana, quien recordó no obstante que la figura del mediador ya fue planteada por los funcionarios, sin ningún éxito, al Ministerio de Justicia.
"PLAN DE CHOQUE"
El decano sí aprovechó para incidir en las graves repercusiones de esta huelga y advirtió de que en una ciudad como Valladolid, caracterizada hasta la fecha por una "magnífica" ratio de eficacia, será preciso establecer un "plan de choque" una vez desconvocada la medida de presión de los funcionarios para alcanzar la normalidad, algo que en su opinión no se producirá antes de un año.
"La acumulación de procedimientos es grandísima y va a ser muy difícil digerir el retraso ocasionado", reiteró Sanz Fernández-Lomana, quien auguró graves problemas no sólo para los órganos judiciales sino también para los propios abogados, muchos de ellos con "despachos paralizados", y para los ciudadanos en general.
