PEÑARANDA DE DUERO (BURGOS), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, calificó hoy el planteamiento del lehendakari Juan José Ibarretxe de realizar un referéndum de "totalmente ilegal" y añadió que espera que el proyecto no se lleve a cabo, ya que "se incumple manifiestamente la ley por quien tiene la obligación de respetarla", en referencia a la Ley de Referéndum.
En este sentido, insistió en que "el Estado no puede dar pie en ningún caso" a este proyecto de plan y, en caso contrario, los tribunales actuarán salvaguardando el Ordenamiento Jurídico.
Hernando consideró también ilegal la última oleada de altercados contra la bandera y símbolos nacionales, ya que, dijo, "no se cumple la Constitución, ni la Ley de Banderas, que afirma que la bandera nos arropa a todos".
El presidente del Tribunal Supremo manifestó que la "ley hay que acatarla" y declaró sentir "una gran tristeza, ya que hay gente que no siente el orgullo que debemos sentir los españoles por honrar la bandera".
Lo único que se puede hacer, según Hernando, es que las fuerzas del orden público, el Ministerio Fiscal y los órganos de gobierno actúen, y recordó que hay dos sentencias del Tribunal Supremo que indican que "la bandera debe de ondear en todos los edificios públicos diariamente ocupando un lugar destacado con respecto a otras", algo que, puntualizó, "hay que cumplir".
RESPETAR LA CONSTITUCIÓN
Por su parte, el consejero de Interior y Justicia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, consideró que "no es la mejor fórmula" la que está utilizando Juan José Ibarretxe e incidió en el compromiso de esta región para "defender y respetar la Constitución Española".
En este sentido, indicó que, como vecinos de comunidad, entienden que "desde el PNV se están haciendo continuamente agresiones a la comunidad autónoma, a la provincia de Burgos y más en concreto al Condado de Treviño".
Al respecto, afirmó que tanto la Junta de Castilla y León como los principales partidos políticos e instituciones trabajarán para "defender la integridad del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León".
