MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación Nacional de Empresarios Mineros, José Moya, aseguró hoy ante el tribunal que ha enviado en varias ocasiones cartas de denuncia al Ministerio del Interior para señalar "la dejación del Estado" en la custodia de los explosivos en las minas, ante la falta de control existente en su uso por parte de la Guardia Civil.
Indicó que esta dejación fue más evidente tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y destacó que hasta ese momento no se había producido una "criminalización pública" de la actividad extractiva, como ocurrió a raíz de las informaciones en prensa sobre el robo de dinamita en Mina Conchita.
Denunció además que los empresarios han propuesto en varias ocasiones sistemas dirigidas a aumentar la seguridad las minas solicitando, por ejemplo, la flexibilización de los horarios de apertura y cierre de los grandes polvorines de distribución ya que la rigidez de los mismos desemboca en que "los explosivos duerman en muchas ocasiones en las minas".
La propuesta denominada "Operación Lechera" facilitaría a las minas el envío bajo pedido en la misma jornada de la cantidad de explosivo que necesiten y evitaría que la dinamita quedara almacenada en las explotaciones.
Además de Moya declaró esta tarde Abdennabid Chedadi que fue imputado y finalmente no procesado en la causa acusado de haber facilitado al padre del huido Mohamed Afalah un teléfono como medio de comunicación con su hijo que se encontraba en Irak. Chedadi negó conocer a Afalah y dijo que el día de los atentados viajó a Valencia con objeto de reunirse con su abogado.
También prestó testimonio uno de los inquilinos de la casa de la calle Virgen del Coro que se refirió a las rígidas normas existentes en la vivienda. Así, indicó que, por ejemplo no se permitía fumar.
