Publicado 15/02/2021 11:53CET

La primera sentencia del TC sobre condenas de l'procés', pendiente de una recusación

Antonio Narváez teniente fiscal Tribunal Supremo
Antonio Narváez teniente fiscal Tribunal Supremo - FUENTE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO - Archivo

La respuesta al recurso de Borrás permitirá respaldar la competencia del Supremo para juzgar a los líderes independentistas

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Tribunal Constitucional(TC) que comienza este martes vuelve a incluir en su orden del día el primer recurso que verán los magistrados de este órgano contra la sentencia del 'procés' independentista en Cataluña, el presentado por la ex consejera de Gobernación Meritxell Borrás, penada con inhabilitación y multa. Fuentes del tribunal apuntan a Europa Press que el asunto, que estuvo a punto de resolverse a finales del pasado mes de enero, puede volver a retrasarse porque se pretende sacarlo adelante una vez se despejen la decena de recusaciones presentadas por otros condenados contra el magistrado Antonio Narváez.

Narváez, exfiscal y miembro del sector conservador del TC, ha sido recusado por varios líderes independentistas en prisión por unas manifestaciones que realizó en 2017 durante una conferencia titulada en 2017 durante una conferencia titulada 'El problema catalán, perspectiva constitucional', en la que habló de los sucesos en Cataluña en términos de "golpe de Estado encubierto".

Así, se pretende aclarar este asunto antes de encarar la resolución de los recursos, tratando de lograr una respuesta unánime respecto de Narváez que permita despejar dudas sobre todos los firmantes las resoluciones pendientes sobre la sentencia, según las mismas fuentes. Si este consenso sobre la recusación no se logra, es probable que se retrase la primera de las sentencias, referida a Borrás.

COMPETENCIA DEL SUPREMO

Una de los argumentos claves del recurso de Borrás es el relativo a la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los líderes independentistas catalanes, una cuestión siempre discutida por los ya condenados y que ha sido incluida en todos los recursos de amparo.

La ponencia sobre este asunto del magistrado Cándido Conde-Pumpido, respalda la tesis del alto tribunal respecto a su competencia para entender de la causa por rebelión, que ha sido defendida por la Sala presidida por Manuel Marchena desde el inicio del procedimiento. Esta visión será previsiblemente compartida por el Pleno del tribunal de garantías.

Los primeros recursos por falta de competencia se presentaron contra la instrucción realizada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena, si bien este argumento siempre fue rechazado por la Sala, al entender que, en el caso de los delitos de rebelión y sedición (por el que fueron finalmente condenados) la ley española prescinde del lugar de comisión de los hechos a la hora de atribuir el conocimiento de esta conductas a la jurisdicción española.

Así, al ser además un delito que afecta a todo el Estado, se otorgó la competencia al alto tribunal en vez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es donde los líderes independentistas reclamaban ser juzgados. Este argumento es reproducido por Borrás en el recurso que se verá a partir de mañana, según las mismas fuentes.

RESPUESTA A BÉLGICA

La posición del Tribunal Constitucional sobre este asunto gana actualidad tras la decisión de la justicia belga de rechazar la entrega del también ex consejero huido Lluis Puig, precisamente por acoger sus argumentos de falta de competencia del alto tribunal español respecto a la instrucción de la causa que sigue llevando Llarena contra él.

De hecho, las defensas de otros condenados, los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull y Josep Rull y del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, han solicitado recientemente al TC su inmediata puesta en libertad esgrimiendo precisamente los argumentos que dio la justicia belga para no detener y entregar a Puig.

Según sus escritos, que aún no han sido resueltos en espera igualmente de lo que ocurra con la recusación de Narváez, la consecuencia directa que debería predicarse de la resolución del Tribunal de Apelación belga debería ser "la declaración de nulidad de la Sentencia de fecha 14 de octubre de 2019, dictada en vulneración de derechos fundamentales" y, mientras el Pleno del Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la estimación del presente recurso de amparo, solicitan la suspensión de los efectos de la sentencia condenatoria y por ende "la inmediata puesta en libertad" de todos ellos.

Se refieren al argumento empleado por los jueces belgas de considerar que no existe una base legal explícita para ampliar la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los coacusados sobre la base de la estrecha conexión entre los delitos imputados, que fueron los de rebelión/sedición y la malversación de fondos públicos.

Así, los condenados alegan la a existencia de una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley por haber asumido el Tribunal Supremo una competencia territorial que no le correspondía para enjuiciar los hechos privándoles adicionalmente de su derecho a la doble instancia.

La decisión con respecto a Borrás, por tanto, de confirmarse la competencia del Supremo por el tribunal de garantías, tendrá aplicación también en uno de los principales argumentos que esgrimen el resto de condenados ahora en prisión, cuyos recursos, incluido el del exvicepresident Oriol Junqueras, se verán en los próximos meses.