El juez aprecia "indicio racionales" de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de una obra pública
SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales (Cantabria) apreció hoy "indicios racionales" de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de una obra pública. Por ello, el juez dictó un auto de procesamiento contra el alcalde de la localidad, Fernando Muguruza, y otros seis miembros de su anterior corporación.
En concreto, el posible delito que se investiga se refiere a las obras del túnel de Mioño y de los trabajos de eliminación de barreras arquitectónicas del mercado municipal de Castro Urdiales, por lo que el juez decidió transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado.
Esto supone que si alguna de las partes presenta escrito de acusación habrá que celebrar juicio oral contra los once imputados por el juez: los siete integrantes de la Junta de Gobierno Local de la pasada legislatura, dos secretarios municipales, un interventor y el hermano del concejal Jaime Díez Muro, cuya empresa se benefició de la supuesta contratación irregular.
En un auto fechado hoy, el juez sostiene que se han observado tanto indicios de delito en la adjudicación de esas obras, como un "gran desorden administrativo" en el Ayuntamiento castreño, en el que "la ausencia de expedientes de contratación era una práctica habitual".
En concreto, en el auto se imputan sendos delitos de prevaricación a los miembros de la Junta de Gobierno: el todavía alcalde, Fernando Muguruza; el portavoz del PP, José Miguel Rodríguez; el que por entonces era concejal de Obras, Salvador Hierro; y los concejales Jaime Díez Muro, Santiago Vélez y Concepción Carranza, por la adjudicación de ambas obras; así como al también concejal del equipo de Gobierno Juan Molinero, en su caso sólo por la del túnel de Mioño.
Además, el juez rechazó el sobreseimiento provisional que habían solicitado todos los miembros de la Junta de Gobierno --a excepción de Molinero, único que no lo pidió--.
En el caso de Hierro y Díez Muro el juez también ve indicios de otros dos delitos de tráfico de influencias por favorecer la adjudicación de los trabajos a la empresa Izeta, cuyo apoderado es Ignacio Díez Muro, hermano del concejal e igualmente imputado por sendos delitos de tráfico de influencias.
Los otros tres imputados son el secretario municipal, César Saiz Alonso, junto con José Antonio Gutiérrez de Olivares, que ejerció de secretario accidental el día que se adjudicaron las obras del mercado, y también el interventor Gregorio Alcedo. El juez consideró que han podido incurrir en un delito de prevaricación por omisión, por no tomar medidas frente a la actuación de la Junta de Gobierno.
VULNERACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS
Las pruebas practicadas durante la tramitación de las diligencias, así como los testimonios prestados por los propios imputados y otros trabajadores municipales han puesto de manifiesto, según relata el juez y al menos de forma indiciaria, la vulneración de "todos los artículos de aplicación general a los contratos con la Administración pública y todos los específicos de los contratos de obra".
Así, sostiene que los indicios apuntan que "se prescindió de la tramitación de expediente", no se observó "ni un solo artículo del ordenamiento jurídico" que ampare tal actuación y las adjudicaciones directas "se hicieron al margen de los supuestos en que excepcionalmente hubiera sido lícita".
De hecho, los propios secretarios municipales imputados han reconocido que "en las obras de andar por casa no se hacía expediente casi nunca" y "todo lo que era inferior a 60.000 euros se tramitaba sin mucho rigor".
Igualmente, el juez asegura que, indiciariamente, "la vinculación familiar" del apoderado de Izeta con uno de los concejales "parece ser la verdadera y única carta de presentación" de Ignacio Díez Muro a la hora de acudir al Ayuntamiento para hablar con el concejal de Obras e informarse así "de manera privilegiada de futuras obras".
UNOS 7.000 EUROS DE BENEFICIO
Según sus estimaciones, gracias a esas adjudicaciones supuestamente irregulares Izeta obtuvo un beneficio final de unos 3.526 euros en el caso del túnel de Mioño (el importe global de la obra era de casi 58.800 euros) y otros 3.565 euros en el caso de la eliminación de barreras del mercado (que tuvo un presupuesto de 54.500 euros).
En el caso concreto de las obras del túnel de Mioño, el auto explica que Ignacio Díez Muro entregó "directamente" al concejal de Obras una oferta para los trabajos sin que se hubiera abierto expediente alguno para la contratación de la obra.
La Junta de Gobierno Local adjudicó los trabajos "sobre la marcha, por unanimidad" y sin existir aún expediente, sabiendo que se incumplía la ley. Posteriormente alguien incorporó al expediente la oferta de otra supuesta empresa que en realidad no existía en el momento de la reunión y con un NIF falso.
En cuanto a la eliminación de barreras del mercado municipal, Izeta presentó oferta antes de que la propuesta de la obra hubiera llegado al Servicio de Contratación y se hubiera redactado siquiera el pliego de condiciones. Y su oferta, en la parte superior, llevaba una nota manuscrita, cuyo autor no ha sido identificado, que decía: "acordar la adjudicación", y remitía a un acuerdo previo de la Junta de Gobierno Local.
Según el juez, se trataba por tanto de un modo de actuar "prolongado en el tiempo" por parte de la Junta de Gobierno Local del que "parece inferirse un aprovechamiento de su posición de dominio de la política municipal para realizar esas contrataciones al margen de un mínimo procedimiento legal o reglamentario". Y además, subraya que también indiciariamente se puede considerar que todos los miembros de la Junta "conocían y querían actuar de esta forma".
DESORDEN ADMINISTRATIVO
Pero no sólo cuestiona la adjudicación de esas dos obras, sino que advierte del "desorden administrativo" del Ayuntamiento en aquella legislatura y también en la anterior, ya que en 2003, cuando tomó posesión aquel equipo de Gobierno, el Consistorio ya estaba en una "situación económica y legal límite".
De hecho, una auditoría encargada en aquel momento por el propio Ayuntamiento reveló una "gran desorden administrativo" y "múltiples ilegalidades". Aquella auditoría señalaba la posibilidad de que las cuentas públicas estuvieran "adulteradas", explicaba que había derechos pendientes de cobro por importe cercano a 20 millones de euros y cuestionaba los procesos de selección de personal y contratación de obras.
Sin embargo, esa auditoría no sirvió para que cambiaran mucho las cosas en el Ayuntamiento con el nuevo equipo de Gobierno y el entonces interventor municipal advirtió de ello, señalando en una nota de intervención el "crónico problema de comprometer gastos al margen total y absolutamente del procedimiento legal" un problema que, según decía, "lejos de resolverse con la nueva Corporación", se iba "agravando", pese a que se lo había comunicado reiteradas veces al equipo de Gobierno.
También el Tribunal de Cuentas incidió en los reparos e informes de la intervención, cuestionó la selección de personal y advirtió que se había vulnerado "de manera grave la legalidad urbanística".
PASIVIDAD DE SECRETARIOS E INTERVENTOR
Mientras el anterior interventor hizo sucesivos reparos, esa actitud, tal como se explica en el auto, contrasta con la "pasividad" de los dos secretarios y el interventor imputados por prevaricación por omisión.
"Frente a las 247 notas y reparos varios del interventor anterior, de ellos no consta que realizasen ni un solo informe en el mismo sentido", pese a que ellos mismos han reconocido "el caos y el continuo desprecio que de forma general se hacía de la legalidad", asegura el auto. Y es por esto por lo que han sido también imputados.
