MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, acusó hoy al primer edil de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, de ser "manifiestamente incompetente" para solventar el "caos" de las licencias y apostó por "las entidades públicas sin ánimo de lucro, como los colegios profesionales", para la tramitación de los expedientes, así como por la descentralización en favor de las juntas municipales.
Y es que el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), junto con los de ingenieros industriales y el de Caminos, apuestan por un informe técnico, voluntario y de pago, en el que se establece que la obra cumple con las ordenanzas y puede recibir la licencia siendo el siguiente paso la concesión por parte del Ayuntamiento. Esto supondría mantener los trámites "dentro del ámbito público", como insisten.
Por contra, el equipo de Ruiz-Gallardón defiende la modificación de la ordenanza para dar entrada en ella a las entidades certificantes, que podrían ser de titularidad privada aunque los colegios profesionales también podrían presentarse como tal.
Tras conocerse que el Ayuntamiento de Madrid permitió al piloto de rallys Carlos Sainz construir sin licencia de funcionamiento un circuito de karts en pleno corazón de Madrid, el portavoz socialista señaló hoy, en declaraciones a Europa Press, que éste es un ejemplo más del "caos absoluto" que reina en la capital al fallar "estrepitósamente" los controles técnicos y políticos.
Aseveró además que las medidas anunciadas en las últimas semanas vinculadas a una mejora en la concesión y tramitación de las licencias no son más que "cortinas de humo" al ser "ineficaces". "Todo sigue igual, hay muchos locales que siguen abiertos incumpliendo constantemente las inspecciones que la policía", declaró tras afirmar que existe una "urgencia total de disciplina urbanística" en la ciudad.
El socialista insistió en este sentido que el Ayuntamiento pierde al año unos 300 millones de euros por la deficiente gestión y tramitación de las licencias, según datos del COAM, algo especialmente grave cuando estas políticas "deberían servir para reactivar la economía, generar empleo, confianza económica y seguridad jurídica".
