PSOE critica la sanción al PSC en las elecciones 2003 y el Tribunal de Cuentas lo achaca a la poca concrección de ley

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE criticó hoy la "desproporción" de las sanciones propuestas por el Tribunal de Cuentas a PSC respecto a CiU por superar el límite de gastos durante la campaña electoral de 2003 y el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, replicó en el Parlamento que existe un "sistema consagrado en el tiempo" de criterios de sanción ante la falta de concreción en la ley de financiación de partidos políticos.

"El informe responde a los que ya se han hecho antes, hay una legislación y unas subvenciones finalistas que no pueden superar unos límites, hay una financiación electoral y un sistema consagrado de propuestas de sanción", señaló Nieto en respuesta a la intervención del diputado del PSOE Francesc Vallès, que tachó de "desproporcionada" la sanción de PSC respecto de CiU.

Respondió además a la diputada del PP Ana María Madrazo sobre si el Tribunal cumple o no las obligaciones recogidas en la moción aprobada en las Cortes en 2001. "Hay que cambiar la ley de financiación de los partidos políticos, el Tribunal de Cuentas también puede preguntar al Parlamento qué hace para reformar de una vez la ley de financiación de partidos y pasaríamos de preguntados a 'preguntarios'", remachó.

"En la ley de financiación de partidos políticos --replicó Nieto-- se dice que haría falta un procedimiento sancionador, con el tiempo se ha ido consagrando un procedimiento, (...) se aplican esos criterios y esas escalas. Las propuestas de sanción es lo que dice el Tribunal y yo no estoy en condiciones de debatir si se han valorado mejor unos gastos u otros, unas partidas u otros, que siempre han sido así".

El Tribunal de Cuentas multó, a raíz de dicho informe, a CiU y PSC con reducciones en sus subvenciones electorales de 26.545 euros y 22.170 euros, respectivamente, por irregularidades detectadas durante la campaña 2003. CiU superó en 179.609,55 euros el límite de gastos de publicidad en prensa periódica y emisoras de radio privadas para esta formación mientras que PSC superó en 18.271,03 euros el límite de gasto en publicidad en prensa y emisoras de radio privadas para este partido.

SIN HACER VALORACIONES POLÍTICAS

A la pregunta de Vallès sobre si comparte con el PSOE la necesidad de "armonizar" los trabajos de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y del Tribunal de Cuenta tras la aprobación del Estatut con el fin de conseguir así que las Cortes autonómicas y nacionales "dispongan de cuanta mayor información mejor", Nieto Señaló que su institución "siempre tendrá en cuenta que el Parlamento tenga la máxima información".

"Entiendo que introducir consideraciones en relación a modificaciones legislativas --en alusión al Estatut-- para que Sindicatura tenga sus competencias, yo no estoy en condiciones ni es mi misión hacer una valoración, soy el presidente del Tribunal de Cuentas y estoy al servicio del Parlamento nacional y las leyes de cada momento. Nada más", remachó.

En este sentido, el presidente del Tribunal insistió en que el informe que se debate se realizó con anterioridad a la ley 7/2004 que añadió un apartado para que la Sindicatura de Cuentas de Cataluña fiscalice las campañas en la Comunidad. "En lo sucesivo, a efectos de la norma, ya no será el Tribunal quien realice este tipo de informes, pero --apuntó-- quién tiene que decidir sobre ello es el Tribunal y no yo".

En esta línea, Nieto eludió responder a las críticas de Vallès sobre supuestos "retrasos" en la elaboración del informe desde la recogida de datos por el Tribunal catalán hasta la aprobación final de las conclusiones por parte del Tribunal de Cuentas. "Yo no tengo información de cuando envió los datos la Sindicatura, ahora no puedo decir por qué se ha retrasado más o menos", alegó.

EN 2003 LAS COMPETENCIAS NO ESTABAN CLARAS.

Nieto explicó, durante su intervención en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que en 2003 la normativa electoral de la Comunidad catalana "no especificaba cuál debía ser el órgano de fiscalización de la contabilidad electoral" de elecciones celebradas en Cataluña. Por ello, explicó que, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley de Régimen Electoral General, correspondía al Tribunal de Cuentas la fiscalización de dichas elecciones.

Asimismo expuso que, a instancia de una proposición del Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña fue la encargada de realizar las comprobaciones sobre las contabilidades electorales para remitirlas después al Tribunal. Posteriormente, el órgano nacional fiscalizador completó los datos con nuevas comprobaciones en los casos que consideró conveniente como, por ejemplo, cotejó datos con los de las contabilidades ordinarias de los partidos políticos.

Dicho esto, Nieto apuntó que todas las formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral de ambas elecciones --catalanas y del Consejo General de Arán-- han cumplido dicha obligación. Indicó que el gasto total declarado por las formaciones asciende a 12,5 millones de euros en el caso de las elecciones al Parlamento catalán y a algo menos de 24.000 euros en las elecciones al Consejo General de Arán.

Nieto recordó las dos propuestas de reducción de las subvenciones que planteó la institución que preside a CiU --26.545 euros-- y a PSC --22.170 euros-- y explicó que dichas sanciones se propusieron a la sazón de falta de acreditación documental del origen de una parte de los ingresos y a la superación de los límites legales de las aportaciones privadas y de los gastos de publicidad en prensa y radio, en el caso de PSC, y a raíz de una superación del límite legal de los gastos de publicidad en prensa y radio, en el caso de CiU.

LEY ELECTORAL

Por último, subrayó que la Ley catalana 7/2004 ha atribuido a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña la función de fiscalizar la contabilidad de las elecciones que se celebren en la Comunidad, solucionándose así la situación que promovió que el Tribunal de Cuentas se hiciera cargo de la fiscalización de los comicios de 2003.

No obstante, indicó que el Tribunal estima "conveniente" que se proceda a la promulgación de una ley electoral específica que regule de manera integral todos los aspectos relacionados con la fiscalización de partidos. Asimismo, pidió que dicha ley tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Tribunal en su moción sobre la fiscalización de la contabilidad ordinaria y electoral de los partidos políticos aprobada en 2001.