PSOE, IU-ICV-CHA y nacionalistas piden la retirada de la reforma local

UPyD rechaza la reforma pero es partidario de que llegue al Congreso para poder explicar su posición y enmendarla

Antonio Beteta.
EUROPA PRESS
Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 18 abril 2013 16:38

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y buena parte del Grupo Mixto (Amaiur, BNG, ERC, CC-NC, Compromís-Equo y Geroa Bai) se han unido este jueves para pedir la retirada del anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local que prepara el Gobierno y para exigir que elabore un nuevo texto basado en el consenso.

Así lo han puesto de manifiesto en la declaración conjunta que los citados partidos han presentado en el Congreso de los Diputados con el objetivo de rechazar un texto que, a su juicio, "no resuelve los problemas reales de las entidades locales, ni profundiza en los derechos democráticos de participación ciudadana", sino que, por el contrario, "erosiona la autonomía local".

"Por la hondura y trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que retire su anteproyecto y elabore uno nuevo en base a otros principios consensuados con las comunidades autónomas, las organizaciones municipalistas y asociaciones ciudadanas, sindicatos y fuerzas políticas", reza el texto al que ha dado lectura la portavoz de CC, Ana Oramas.

En este sentido, los partidos firmantes de la declaración defienden que dada la trascendencia de la futura reforma local, es "necesaria" la "búsqueda de consenso para alcanzar mayorías sociales". "No se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias", señalan.

RECHAZO DE ALCALDES Y CONCEJALES

Así, advierten de que la propuesta gubernamental para reformar la Administración Local, que todavía no ha llegado a ser aprobado formalmente como anteproyecto por el Consejo de Ministros, no sólo ha generado preocupación entre los grupos políticos sino también en la sociedad.

"Ha habido una reacción social unánime", aseveran, para añadir que también es necesario "atender las razones" en contra del último informe aprobado por el Gobierno pronunciadas "con toda claridad y contundencia" por parte de "una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, empleados públicos, asociaciones y federaciones de entidades locales y organizaciones sociales, sindicales o empresariales".

La reforma local comenzó siendo objeto de diálogo entre el Gobierno y el PSOE, mientras que el resto de formaciones ya se quejaron de haber sido excluidas de las negociaciones. Las conversaciones entre los dos grandes partidos también acabaron fracasando y los socialistas pidieron la retirada del anteproyecto.

Por su parte, y aunque también rechaza el último texto elaborado por el Ejecutivo para reformar la Administración Local, UPyD ha preferido no firmar al considerar que pedir su retirada no es la solución.

Según ha explicado el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, su formación es partidaria de tener la oportunidad de debatir y enmendar el anteproyecto que elabore el Gobierno durante su trámite parlamentario. "Nos parece que la posición del resto de grupos de la oposición es más conservadora que otra cosa, y aunque lo respetamos, no lo compartimos", ha manifestado.

PRESENCIA DE AMAIUR

La declaración une las firmas del PSOE y de Amaiur, la coalición abertzale que incluye a los herederos de Batasuna y a la que el PSOE y UPyD vetaron en 2012 para el recurso conjunto de inconstitucionalidad contra la no revalorización de las pensiones.

Al ser preguntado sobre si el hecho de que Amaiur se sumara a la iniciativa ha influido en su decisión de no firmar la declaración, el número dos de UPyD en el Congreso ha reconocido que su formación "nunca" participará en "ninguna iniciativa con un grupo que no es democrático, que no condena a ETA y que organiza homenaje a dirigentes de ETA muertos como Thierry como si fueran presos políticos".

"Si a los demás grupos les parece que esto es irrelevante y que se puede estar de acuerdo con gente que considera que le asesinato es un instrumento político legítimo, es su problema, desde luego no el de UPyD", ha sentenciado.

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