Los nacionalistas reiteran su apoyo crítico, mientras el PP insiste en que va a servir para atajar la corrupción
MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Porgreso y Democracia (UPyD) y la mayoría del Grupo Mixto --Amaiur, ERC y Compromís-Equo-- han utilizado este jueves el último debate sobre la Ley de Transparencia en el Pleno del Congreso para dejar clara su oposición a una norma que juzgan "insuficiente", con tintes meramente propagandísticos y que, en realidad, no va a ser un instrumento eficaz contra la corrupción.
Así se han pronunciado los portavoces de estos partidos en el debate previo a la aprobación definitiva de la Ley. Todos han vuelto a sustentar su voto negativo en que la ley se queda "corta" es "tardía" y "anticuada" y está plagada de limitaciones que en la práctica dificultan la transparencia.
Así, han coincidido en criticar que no se reconozca como fundamental el derecho de acceso a la información, que se contemple el silencio administrativo negativo, que no regulen los grupos de presión o 'lobbies' y que el Consejo de Transparencia no vaya a ser independiente.
SE CAMBIARÁ EN ESTA LEGISLATURA
El portavoz socialista, José Enrique Serrano, ha admitido que la Ley de Transparencia del PP es "mejor" que la que dejó preparara sin aprobar el Gobierno socialista, pero que sigue sin ser la norma que había hecho su grupo aunque se siente "partícipe" de su "mejoría". De hecho, ha augurado que, además de una modificación asegurada cuando el PSOE vuelva al Gobierno, la norma puede sufrir cambios en esta misma legislatura como consecuencia de los pactos anticorrupción que puedan alcanzarse en los próximos meses.
Serrano ha vuelto a quejarse de que el PP no haya admitido las enmiendas que su grupo consideraba "imprescindibles" para que la nueva legislación sea un instrumento "eficaz" para la regeneración democrática y el combate preventivo de la corrupción.
Respecto a las enmiendas aprobadas en el Senado se ha mostrado especialmente crítico con la que a comunidades y autónomas y ayuntamientos dos años de margen para aplicar las obligaciones sobre transparencia. Para Serrano, ese periodo de carencia, que en el caso de la Administración central es de un año, es "imposible de asumir" porque las autonomías son las que gestionan los grandes servicios públicos que son, precisamente, los que "van a centrar la petición de información ciudadana".
El diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha resumido esas críticas al afirmar que el texto "sólo va a servir" para decir que España ya tiene "una Ley de Transparencia", porque, en la práctica, no va a tener efectos positivos.
'CASO BÁRCENAS'
El 'caso Bárcenas' ha planeado durante todo el debate porque muchos partidos de la oposición lo han puesto como ejemplo de la falta de voluntad real de transparencia del Gobierno y del PP. El representante de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Josep Nuet, cree que la ley ha sido "la gran coartada" del PP porque, pese a no practicar la transparencia no para de hablar de ella para que parezca que "ha asumido el concepto".
En nombre de ERC, Alfred Bosch, ha augurado que su sede de la calle Génova acabará siendo "un mausoleo político para el PP" y ha lamentado que esta norma no va a servir para evitar casos de corrupción como los que salpican al partido del Gobierno y a la Casa del Rey. El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha avisado de que con esta ella no se va a atajar la "desconfianza general de la ciudadanía a la política".
Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha asegurado que hasta que los dirigente 'populares' no asuman que "el dinero no le llegaba a Bárcenas del Espíritu Santo" no podrá creerse que los 'populares' aplican la transparencia.
PEGAS DE LOS NACIONALISTAS
Un apoyo crítico es el que ha anunciado el PNV, cuyo diputado, Emilio Olabarria, ha admitido que el texto ha mejorado con la incorporación de instituciones como el Banco de España o la Casa del Rey, pero ha avisado de que la ley "puede quedar muy desvirtuada" hasta quedarse en "testimonial" por el "ingente número" de excepciones al acceso a la información.
No obstante, ha puesto en valor el acuerdo para salvar las tensiones competenciales que CiU y PNV apreciaban en el proyecto original. El diputado de CiU, Jordi Jané, se ha congratulado de haber podido introducir varias enmiendas de su grupo en el Senado, pero ha reiterado algunos de sus reparos: como la regulación en la misma norma de aspectos sobre el buen gobierno. "Aunque se ha mejorado, la ley no nos gusta al cien por cien", ha resumido.
PP A PSOE: "SE ARREPENTIRÁN"
El único que ha defendido la ley en su integridad ha sido el portavoz del PP Pedro Gómez de la Serna, quien ha proclamado, que este jueves es "un buen día la democracia", pero "un mal día para el socialismo español" porque se evidencia la "incapacidad" del PSOE para pactar cualquier cosa con el PP.
"Asistimos al hecho histórico de ver al PSOE prácticamente votando contra sí mismo", ha destacado, incidiendo en que los socialistas "no abandonaron la ley por su contenido" sino para "erosionar" al Gobierno blandiendo el 'caso Bárcenas'. "Es un error, se arrepentirán de no estar en la ley", les ha espetado.
También ha lamentado que el rechazo a la ley se haya extendido entre toda la "izquierda, incluyendo a UPyD", y ha defendido que esta norma está "a la vanguardia de la legislación europea" y que ha tenido una "tramitación ejemplar". "Hoy el que la hace ya saber que la va a pagar", ha asegurado.
"ATAJOS" LEGISLATIVOS "INCONSTITUCIONALES"
Por otra parte, PSOE, CiU, PNV y UPyD han criticado al Gobierno por utilizar la Ley de Transparencia para modificar, mediante la introducción en el Senado de una enmienda "de nueve folios", nada menos que la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. A juicio de Martínez Gorriarán, esta es una "técnica legislativa muy discutible" y para Olabarría puede se incluso "inconstitucional".
En la misma línea, Jané también ha censurado que se haya utilizado la Ley Orgánica de Control de Deuda Comercial para modificar la propia Ley de Transparencia incluso antes de su aprobación definitiva. "Esto atenta contra la seguridad jurídica y no es forma de legislar", ha sentenciado, coincidiendo con el socialista José Enrique Serrano, en que no es de recibido utilizar este tipo de "atajos" legislativos "burlando los procedimientos establecidos".
EL GOBIERNO AGRADECE EL "ESFUERZO" DE LOS GRUPOS
Por contra, el portavoz del PP ha defendido la "conexión" entre la Ley de Transparencia y de la Blanqueo de Capitales y Financiación y ha preguntado a quienes han criticado que se use una para modificar la otra si es que "les molesta" que se refuerce la lucha contra estos delitos y que España "cumpla sus obligaciones internacionales".
Al final del debate la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tomado la palabra para agradecer el "esfuerzo" de los grupos en la tramitación y destacar que, desde su punto de vista, lo importante no es quien apoya o no la ley, sino que el Congreso "discuta sobre temas que afectan a la democracia, como el derecho a tener una administración y unas instituciones transparentes y que todos los partidos trabajen juntos para que así sea".
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