El PSOE presentará un recurso de casación ante el Supremo contra la condena en el 'caso Garabato'

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Marisa Bustinduy, y el viceportavoz, Enrique Salvo, presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Provincial de Málaga desestimara el que presentaron contra la sentencia que les condenó por intromisión en el derecho al honor del alcalde de la capital, Francisco de la Torre (PP), por afirmar que un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afectaba a una finca de la madre del regidor era una operación especulativa que suponía un tratamiento excepcional para los terrenos.

En este sentido, el viceportavoz socialista trasladó hoy "el mayor respeto a la Justicia", acatando, por tanto, la sentencia, pero subrayó a los periodistas que "no compartimos algunas tesis", las cuales están siendo estudiadas ahora, por lo que "presentaremos un recurso de casación".

Al respecto, el alcalde de Málaga, quien mostró su "satisfacción" por la ratificación de la Audiencia, ya que "vemos que la Justicia funciona y que en algunos temas no es excesivamente lenta", opinó que, aunque, "en un Estado de Derecho, si hay una posibilidad de recurso, no diré que no se puede hacer, también está el sentido común".

"La sentencia es muy clara y los datos demuestran cómo los números que se dijeron eran absolutamente falsos y los que yo di eran los correctos", manifestó en rueda de prensa, al tiempo que dejó claro, como se establece en la sentencia, que, en casos como el suyo, "el derecho al honor está por delante de la libertad de expresión, porque es el derecho a la verdad". "La crítica política tiene que tener los límites de la verdad y de la dignidad y del honor de los demás, que hay que respetar", apostilló.

ERROR O MALA INTENCIÓN.

Consideró tanto la posibilidad de que esa denuncia del PSOE fuera "errónea" como "malintencionada", ya que "di un margen sobrado de tiempo para que hubiera posibilidad de informarse y conocer los datos con precisión y si había un error, se pudiera aclarar", algo que no se produjo, por lo que "me acogí al amparo de la Justicia para restaurar el honor y la dignidad, que estaban heridos".

El primer edil malagueño no quiso pronunciarse sobre si ambos concejales deberían dimitir, pero sí afirmó que "las dos personas protagonistas de aquella errónea o malintencionada denuncia tienen su desgaste político porque hay una clarísima pérdida de credibilidad".

Bustinduy y Salvo fueron condenados el pasado mes de junio por la Justicia por verter falsas acusaciones contra el alcalde de Málaga, a quien le atribuyeron una operación de "ingeniería urbanística" para beneficiar a su familia, en concreto a su madre, copropietaria de la finca Dehesa del Garabato, situada entre la Térmica y la desembocadura del río Guadalhorce.

Esta última sentencia ratifica la anterior contra los concejales socialistas y les condena también al pago de las costas. En el primer fallo el juez advertía a los ediles de que "se abstengan de intromisiones posteriores en el honor personal del alcalde" y apuntaba que "la tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores".

Añadía también el fallo que "no ha existido excepcionalidad alguna en el tratamiento que se realizó de la parcela" de la madre del alcalde de Málaga, "ya que todos los terrenos que están en las mismas condiciones han recibido igual trato".

La sentencia considera "acreditado que las declaraciones de los recurrentes traspasaron los límites de lo que debe considerarse críticas a toda actuación política, revelando una voluntad de menoscabar el honor de De la Torre y la finalidad de presentar a la opinión pública una actuación irregular y excepcional" del alcalde, lo que conlleva la confirmación de la sentencia recurrida.

OCTUBRE DE 2006.

Los hechos se remontan a los días 9 y 10 de octubre de 2006 cuando Salvo, primero, y Bustinduy después, convocaron a los periodistas para declarar que De la Torre había beneficiado a su madre con una recalificación urbanística en la finca, que tiene una extensión de 14.000 metros cuadrados.

El regidor desmintió entonces las acusaciones y dijo que, a lo sumo, le correspondería a su madre cuatro viviendas a cambio de su parcela, que pasaría a propiedad del Ayuntamiento para dedicarla a un sistema general.

Tras escuchar a las partes y a los peritos, el juez sostiene que es fácil comprobar "cómo numerosas afirmaciones realizadas por los codemandados en las referidas ruedas de prensa no se corresponden con la realidad".