MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha impulsado una iniciativa en la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa para que la institución condene esta semana las 'leyes de concordia' promovidas por gobiernos autonómicos de PP y Vox contra la Ley de Memoria Democrática que aprobó el Congreso.
Según informa el Partido Socialista en un comunicado, la dirigente del PSOE Luz Martínez Seijo ha recabado ya en Estrasburgo (Francia) el apoyo de la mayoría de la Asamblea Parlamentaria para que esta semana se publique una declaración sobre la memoria democrática y de respeto a las víctimas del régimen franquista.
En dicha declaración se hace referencia a "las mal llamadas leyes de concordia" de los gobiernos de PP y Vox en Aragón, Valencia y Castilla y León, que derogan las anteriores leyes de memoria democrática y "blanquean el franquismo, eliminan la palabra dictadura, omiten las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron, anulan el derecho a la memoria colectiva y condenan a las víctimas al silencio y el olvido".
En el texto, siempre según el PSOE, el Consejo de Europa "condena estas acciones", que constituyen una "falta de respeto a las víctimas de un régimen totalitario y antidemocrático como el de Franco y a quienes lucharon contra la tiranía y la opresión"; asimismo, traicionan "los valores del respeto a la dignidad y a los derechos humanos" y "degradan la verdad y la memoria".
Se recuerda también que, en 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa denunció "las numerosas y graves violaciones de los derechos humanos" cometidas en España por el franquismo durante el período 1939-1975 y formuló recomendaciones al gobierno español para que "impulsara investigaciones y estableciera la verdad sobre el régimen represivo" de Franco.
Y, tras la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE, con apoyo de Unidas Podemos, ERC y Bildu, promovió la pasada legislatura una actualización llamada Ley de Memoria Democrática que se extendía un par de años más allá de la aprobación de la Constitución de 1978 para recoger otros episodios de violaciones de derechos humanos en la transición.
