BRUSELAS, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
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El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha reunido este lunes con su abogado en Bélgica, Paul Bekaert, en el despacho que el letrado flamenco tiene en la localidad de Tielt (al oeste de Gante), y le ha trasladado que el martes hará una declaración.
"He hablado con él, ha estado en mi despacho y me ha confirmado que soy su abogado en Bélgica", ha informado Bekaert en declaraciones a Europa Press.
El encuentro se ha producido "pasadas las 15:00 horas", según ha indicado el letrado, quien ha apelado al secreto profesional para no revelar detalles de la conversación que han mantenido.
Preguntado por si Puigdemont sopesa solicitar asilo político en Bélgica, su abogado en el país ha avisado de que "por ahora no hay nada decidido" y que el martes se conocerán más detalles cuando el propio presidente cesado haga una "declaración".
A pesar del anuncio de que Puigdemont comparecerá el martes, previsiblemente en Bruselas, ninguna fuente oficial ha querido informar del lugar o la hora en que esta declaración tendrá lugar.
El abogado Bekaert es conocido en España por haber defendido en el pasado a varios miembros de la banda terrorista ETA detenidos en Bélgica y para los que las autoridades españolas solicitaron la extradición.
El abogado, que se define como especialista en la defensa de los Derechos Humanos y órdenes de detención europeas y de extradición, ha solicitado hasta en cuatro ocasiones el "asilo político para ciudadanos vascos", relacionados con ETA, pero sin éxito en ninguno de los casos, según explica Bekaert.
En cualquier caso, Bekaert ha insistido en su conversación con Europa Press en que Bélgica "es competente" para conceder el asilo a ciudadanos españoles y que ello no se puso en duda en los procesos que perdió, que fueron rechazados por considerarlos "no fundados".
"No se pueden comparar. Eran terroristas y nunca se concede el asilo a un terrorista", ha expresado el abogado.
La autoridad competente en Bélgica para tramitar las peticiones de asilo es el Comisionado General de Refugiados y Apátridas, un órgano independiente que no depende ni del Ministerio de Interior, ni del de Justicia.
El último caso de Bekaert relacionado con España es el de la etarra Natividad Jáuregui, detenida en Gante en 2013 y cuya extradición a España fue definitivamente rechazada en 2016.
El primer caso fue el de los colaboradores de ETA Luis Moreno y Raquel García, un largo proceso que concluyó en junio de 2004, cuando la Justicia belga negó la extradición de estas dos personas. En este caso, Bekaert logró que se aceptará en primera instancia la petición de asilo, pero finalmente fue también rechazada.
Por otro lado, el vicepresidente de la Generalitat cesado y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido también que el presidente cesado explicará el martes el "trabajo" que hace desde Bruselas (Bélgica).
En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, al preguntársele si Puigdemont pretende pedir asilo político, ha respondido: "En todo caso, el presidente se explicará. No me corresponde a mí hablar por el presidente. El presidente ha dicho que mañana se explicará en torno a esta cuestión. Seguro que lo hará mucho mejor que yo".
"Lo que hace el Govern es trabajar en todos los ámbitos. Entendemos que Bruselas es un ámbito donde se puede hacer mucho trabajo", ha afirmado Junqueras.
"Por tanto, hay una parte del Govern que está haciendo este trabajo, y me parece absolutamente normal, legítimo, positivo, adecuado que nosotros también estemos haciendo trabajo aquí", ha añadido, en alusión a la parte de ese ejecutivo que sigue en Barcelona.
Sobre esa parte del Ejecutivo, ha concretado que este lunes él se ha reunido con Jordi Turull, Carles Mundó, Raül Romeva y Josep Rull --Rull y Junqueras son los únicos que se han dejado ver este lunes en Barcelona entrando y saliendo de sus respectivos departamentos--.
En la entrevista, ha reiterado que es "vicepresidente elegido por el Parlament y por el presidente de Catalunya, fruto del voto de los ciudadanos", porque los electores eligen, mientras que los decretos no cesan gobiernos, ha dicho.
ELECCIONES DEL 21-D
Junqueras ha añadido que las elecciones convocadas por el Gobierno central para el 21 de diciembre son como todos los comicios: "Seguro, una oportunidad más para hacernos sentir, para hacer sentir nuestra voz".
"Sean cuales sean las circunstancias, nuestro trabajo es intentar servir lo mejor posible a la gente y, por tanto, seguro que ganar elecciones, porque, si no, no la podemos servir tan bien", ha defendido.
También ha asegurado que él respetará siempre los resultados electorales, pero se ha preguntado "si ellos respetarán estos resultados electorales", en alusión al Estado español.
PENDIENTE DE LA JUSTICIA
Y ha asegurado que él no dejará de defender sus ideas, aunque Fiscalía le exponga a hasta 30 años de cárcel, fundamentalmente por los presuntos delitos de sedición y rebelión --"por cierto, supongo que se deben de sobreponer el uno sobre el otro"--.
Además, ha lamentado que las querellas se han difundido este lunes con el epígrafe 'Más dura será la caída': "Por tanto son querellas que tienen una connotación política, una voluntad política muy clara, que es la de intimidar", y cree que la querella no pretende identificar un delito concreto, sino intentar perseguir una expresión política.
"No dejaré de defender lo que me parece que es justo y todo lo que esté a mi alcance para construir un país mejor por mucho que me quieran poner en la cárcel durante 30 años", ha insistido.
Junqueras ha añadido: "Que nos amenacen con querellas o con la prisión no hará que nosotros no actuemos en conciencia".
LA SITUACIÓN ACTUAL
Al planteársele de qué ha servido hasta ahora declarar la independencia, ha contestado: "Si usted quiere hacer una lista de cosas que no van tan bien como querríamos, yo se lo acepto, porque yo querría que fuera todo perfecto".
Sin embargo, ha hecho notar que, cuando el Estado hablaba de intervenir la autonomía, se hablaba de meses, pero no es así finalmente: "Es un 155 que no podrán aplicar durante seis meses, al menos en este momento, sino que, en todo caso, durante 50 días".
Aun así, lo ha criticado alegando que aplicar este artículo de la Constitución "tiene mucha intención de perjudicar, seguro; toda".
