Rechazan conceder una provisión de 800.000 euros para pagar a la defensa de Roca

Actualizado: viernes, 10 octubre 2008 17:47

MÁLAGA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Óscar Pérez, ha desestimado conceder una provisión de fondo de 800.000 euros para pagar los honorarios de la defensa, abogado y procurador, del presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, cuyo patrimonio está intervenido por esta causa judicial.

A través de un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado estima que la renuncia de estos profesionales que le asisten jurídicamente y que, según precisa, fueron designados una vez adoptadas las medidas cautelares, "ninguna indefensión le causaría por cuanto el Estado garantiza la debida asistencia de oficio a quienes carezcan de recursos".

La representación de Roca solicitó dicha provisión, argumentando, además del embargo de las cuentas y del patrimonio, el hecho de que de no atenderse esta petición "no podrá seguir manteniendo ni la representación procesal ni todo lo que es inherente al ejercicio del derecho de defensa", en concreto en lo referente a la asistencia letrada.

Asimismo, la defensa del ex asesor de Urbanismo apuntaba también a que con cargo al patrimonio intervenido se estaba abonando honorarios de administrador judicial, interventores y tasadores, "no siendo lógico que se impida al abogado y al procurador cobrar de la misma manera". Tanto el fiscal como el resto de acusaciones se opusieron a la petición, mientras que otro procesado, Andrés Liétor, se sumó.

Así, el magistrado determina que de accederse a la pretensión de que los honorarios sean abonados por las sociedades "supondría dar paso de nuevo a una confusión entre personalidades, la física del señor Roca y la jurídica de las sociedades de las que es partícipe a través de testaferros".

En este sentido, incide en que se estaría permitiendo que "una sociedad con personalidad jurídica propia satisfaga gastos personales de uno de los partícipes, con el perjuicio que para el regular ejercicio de aquella supondría", poniendo como ejemplo la existencia de acreedores societarios.

Por otro lado, admite que el patrimonio societario se está haciendo cargo de los honorarios del administrador judicial e interventores, "pero es que no podía ser de otra forma", señala el instructor, al precisar que se trata de personas "designadas para la gestión y administración diaria de las sociedades".