Ruiz-Gallardón afirma que cada preso que quiera impedir que se le aplique la 'Doctrina Parot' tendrá que acudir al TEDH

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este miércoles que cada persona que esté cumpliendo una pena de prisión en España de acuerdo con la 'Doctrina Parot' tendrá que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si quiere que se le deje de aplicar dicha doctrina, como hizo la etarra Inés del Río.

El Tribunal de Estrasburgo "juzga casos individuales" y, por lo tanto, "cada caso individual tendría que ser resuelto por el propio tribunal", ha señalado en declaraciones a la cadena COPE recogidas por Europa Press. El ministro ha calificado de "extraordinariamente importante" este dato.

A la pregunta de qué se podría hacer para impedir la excarcelación de aquellos etarras condenados a largas penas de cárcel por múltiples asesinatos en el caso de que el TEDH fallara en contra del recurso presentado por España, que aboga por mantener la 'Doctrina Parot', Ruiz-Gallardón ha respondido que no quiere pensar en "una hipótesis tan negativa".

CONFÍA EN QUE EL TEDH DÉ LA RAZÓN AL GOBIERNO

Según el ministro, hay que "confiar" en que los magistrados del tribunal europeo "avalen los razonamientos" del Gobierno. Al presentar un recurso contra la sentencia del TEDH según la cual se habían violado los Derechos Humanos de Inés del Río por aplicársele la 'Doctrina Parot', el Ejecutivo hizo "lo que tenía que hacer en defensa de los intereses de la sociedad española", ha subrayado.

Ese recurso, ha destacado, "está extraordinariamente bien documentado", y "prueba de ello" es, en su opinión, que se encuentra entre ese 5 por ciento de recursos de primera instancia que la Gran Sala del TEDH finalmente admite a trámite.

"Vamos a tener confianza en que esa buena argumentación que viene avalada por el estudio de los máximos organismos jurisdiccionales de nuestra democracia sea la que se imponga ante el tribunal europeo", ha insistido.

El ministro de Justicia ha abogado una vez más por la permanencia de la 'Doctrina Parot', por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplica sobre cada una de ellas individualmente y no sobre el tiempo máximo legal de permanencia en prisión, que en España son 30 años.

Cuando el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se pronunciaron a favor de esa doctrina, se "corrigió una situación muy, muy injusta objetivamente desde el punto de vista de los intereses de la sociedad" y una "sinrazón jurídica", ya que "se establecía una especie de tarifa plana" con la cual "una sola condena parecía que expurgaba las culpas por multitud de crímenes", ha manifestado.